El Consejo de Ministros ha dado este martes un primer visto bueno a un amplio paquete de reformas contra la corrupción, que contempla un endurecimiento de las sanciones a las empresas implicadas en tramas corruptas y un refuerzo de la fiscalización de los recursos económicos que perciben las formaciones políticas.
Este bloque de iniciativas fue avanzado meses atrás por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras la crisis desatada por la presunta implicación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en una red corrupta.
En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado este anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que incorpora un total de 84 medidas y modifica 18 normas distintas y que, según ha subrayado, “dan respuesta a todo el ciclo de la corrupción”.
Entre las actuaciones preventivas, Montero ha resaltado que el registro de compañías vetadas para contratar con la Administración pasará a ser público y que se eleva la inhabilitación máxima de 15 a 20 años, periodo en el que tampoco podrán acceder a subvenciones ni a ventajas fiscales.
Transparencia en las donaciones a los partidos
El texto también refuerza las obligaciones de transparencia y control sobre las aportaciones privadas a partidos y fundaciones, rebajando el umbral a partir del cual deben hacerse públicas. En la actualidad solo se publican cuando superan los 25.000 euros, y con la nueva regulación se reducirá a 2.500 euros.
Asimismo, se impondrá a las formaciones políticas la obligación de someter sus cuentas a auditorías externas e independientes, y el incumplimiento de este deber se considerará una infracción “grave o muy grave”. La sanción por no hacer públicas las donaciones se incrementará hasta el doble de la cantidad no declarada.
Otra de las piezas clave del paquete es la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que unificará organismos actualmente dispersos: la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Además, este nuevo ente asumirá la coordinación en España de la defensa de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude.
El anteproyecto también amplía el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de 5 a 7 años, con el objetivo de disponer de más margen para investigar causas “complejas” y evitar que la prescripción acabe generando “impunidad a los corruptos”.
Refuerzo en la recuperación de bienes y nuevos instrumentos
El Gobierno quiere además potenciar el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para poder asegurar bienes desde las primeras fases de la investigación. En esta línea, se incorporan figuras como el 'decomiso sin condena' y el decomiso de incrementos patrimoniales no justificados, “con plenas garantías judiciales”, en aplicación de la normativa europea sobre recuperación y decomiso de activos.
Con el fin de mejorar la detección de prácticas irregulares, el Ejecutivo prevé intensificar el intercambio de información mediante la “conexión entre bases de datos” y ampliar el uso de la herramienta Minerva para la identificación automática de posibles conflictos de intereses.
También se recurrirá a “herramientas de análisis avanzado y de inteligencia artificial” para modernizar la Plataforma de Contratación del Sector Público y la Base Nacional de Datos de Subvenciones.
Apoyos a la nueva Agencia Independiente
En cuanto al respaldo parlamentario para la aprobación definitiva del paquete, Montero ha expresado su confianza, especialmente en lo relativo a la puesta en marcha de la Agencia Independiente de Integridad Pública, y ha manifestado su deseo de que esté operativa antes de que concluya la legislatura en 2027.
Según ha indicado, existe consenso entre los grupos con representación en las Cortes para poner en marcha este nuevo organismo, algo que, ha recordado, se constató en la ronda de contactos que el Ejecutivo mantuvo con las distintas formaciones sobre las medidas anticorrupción.
Si el calendario se cumple, el Gobierno prevé aprobar de nuevo el texto en el Consejo de Ministros durante el primer trimestre del año, “antes de las vacaciones” de Semana Santa, para iniciar inmediatamente después su tramitación parlamentaria.
Más recursos legales frente a la corrupción
Posteriormente, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha puesto en valor que la norma permitirá combatir la corrupción tanto en el ámbito público como en el privado “con más medios” y “con más legislación”.
“Nosotros luchamos con instituciones más fuertes y luchamos con mejores herramientas legales. Otros luchaban a martillazos”, ha ironizado en la sesión de control del Senado, en una alusión indirecta al PP.
El ministro ha repasado algunas de las principales líneas del texto, entre ellas el “fortalecimiento y la prevención de los comportamientos que puedan dar lugar a irregularidades”, el refuerzo de la transparencia, el uso de Inteligencia Artificial en los procedimientos de contratación y la creación de una agencia única para combatir la corrupción.
Además, ha recordado la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que ya está “llevando a cabo políticas” para garantizar que quienes denuncian irregularidades “no sufran en ningún caso represalias”.