El PNV ha confirmado que este martes se abstendrá en el Congreso en la votación de convalidación del decreto ley de vivienda que contempla la prórroga de los contratos de alquiler. La formación jeltzale adopta esta posición porque el Ejecutivo no ha pactado el texto con ellos, por la “falta de seguridad jurídica” que aprecian y porque consideran que el problema de la vivienda debe abordarse con “medidas integrales” y no solo con fórmulas “bienintencionadas”.
Así lo han expuesto, por un lado, el presidente del PNV, Aitor Esteban, en una entrevista en “Euskadi Irratia” y, por otro, la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, en una comparecencia ante los medios en la Cámara Baja.
El Gobierno llegaba a la sesión sin los apoyos garantizados para sacar adelante la convalidación, después de que Junts avanzara su voto en contra. De este modo, el pleno del Congreso previsiblemente tumbará el decreto ley que contemplaba la posibilidad de ampliar durante dos años los contratos de alquiler que finalizan entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, así como el límite del 2% a las revisiones anuales de la renta.
En la entrevista radiofónica, recogida por Europa Press, Esteban ha apuntado que, a su entender, ni siquiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba “muy convencido” de este decreto ley y que lo sacó adelante por su “necesidad para continuar con el Gobierno”.
Críticas a la inseguridad jurídica y a las medidas excepcionales
El dirigente del PNV ha criticado que el Ejecutivo haya vuelto a llevar al Congreso un decreto “nuevamente sin cerrar su seguridad jurídica, sabiendo que no iba a haber un a mayoría suficiente para impulsarlo”. También ha calificado de “muy arbitrario” el plazo de dos años de prórroga para los contratos que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, así como el tope del 2% a las subidas anuales del alquiler. “Hay una falta de seguridad enorme”, ha remachado.
Esteban ha recordado que “llevamos seis ó siete años con medidas excepcionales en materia de vivienda, y así no podemos continuar, porque debemos dar seguridad, tanto a los propietarios de pisos como a los quieren un alquiler, y eso requiere de una normativa que se mantenga en el tiempo”.
En este contexto, ha defendido que resultan “más eficaces” las políticas desplegadas por el Gobierno Vasco en vivienda, “modificando la ley para que hacer pisos se más sencillo, y dando opción a los ayuntamientos para que impulsen esa opción”. A su juicio, se trata de “política concreta y con los pies en el suelo”.
Vaquero pide un enfoque integral y menos ideologizado
En la misma línea, Vaquero ha reclamado al Ejecutivo que, más allá de fórmulas “bienintencionadas” para hacer frente a la crisis de la vivienda, presente propuestas “integrales” y encare esta discusión sin planteamientos “ideologizados”.
La portavoz ha explicado que la abstención del PNV responde a motivos tanto “formales” como de “fondo”. En el plano procedimental, ha reprochado al Gobierno que no negociara el contenido del decreto con su grupo antes de aprobarlo y que vuelva a recurrir a esta figura legislativa para un asunto que, a su entender, exige dar “seguridad jurídica a medio y largo plazo” a arrendadores y arrendatarios.
“No se puede hacer frente a la crisis de vivienda con decretos leyes”, ha subrayado, recordando que estas normas deben convalidarse en el Congreso tal y como llegan, sin posibilidad de introducir cambios, y que el Ejecutivo está obligado a pactarlas previamente, algo que, según ha denunciado, tampoco ha sucedido en esta ocasión.
Contradicciones con la Ley de Vivienda y falta de consenso
Vaquero ha reconocido que el decreto ley impulsado por Sumar recoge “medidas bienintencionadas”, pero ha recalcado que no se pueden aprobar disposiciones que resuelven “unos problemas puntuales, pero crean otros”, dado que se trata de una cuestión “estructural” que precisa un abordaje “integral” y alejado de “planteamientos muy ideologizados”.
A su entender, el decreto supone una enmienda a la propia Ley de Vivienda, ya que entra en “contradicción” con ella y “aflora su fracaso”. “Se obliga a aplicar vía decreto los criterios de las zonas tensionadas, cuando es opcional para las comunidades autónomas y se hace para todo el territorio, sin importar si está o no tensionado”, ha criticado.
Además, ha reclamado al Gobierno que aclare “en qué situación quedan los inquilinos que han pedido la prórroga del decreto ley si aún no ha terminado la fecha de su contrato de alquiler”.
En su opinión, en este ámbito, en lugar de buscar acuerdos amplios, se persigue el “no acuerdo” y se priorizan las posiciones ideológicas. “Hay que dejar un poco la política partidista en estos temas para llegar a acuerdos”, ha reclamado.