La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que su formación presentará cambios a la Ley de Multirreincidencia en el Senado con el objetivo de evitar que la regularización masiva de migrantes aprobada por el Gobierno se convierta en un “coladero”, genere “impunidad” y suponga “premiar” a personas con antecedentes delictivos.
En una comparecencia ante los medios en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección, Gamarra ha considerado que es “un sin sentido estar luchando” contra la multirreincidencia —una norma que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria— mientras, al mismo tiempo, haya personas que gracias a la regularización de migrantes obtengan “un premio” pese a contar con “antecedentes policiales” o “procedimientos penales abiertos”. “No cabe la impunidad”, ha proclamado.
La dirigente popular ha denunciado que el Ejecutivo está impulsando una “regularización masiva” que, de acuerdo con datos de la Policía Nacional, podría afectar a más de 1,2 millones de personas en situación irregular, “sin ni siquiera solicitarles un certificado de antecedentes penales”.
En su opinión, “las mafias y los delincuentes con este Gobierno están de enhorabuena” y “se van a forrar a costa del tráfico de seres humanos”. Ha criticado que “no se exige un contrato de trabajo, ni de formación. Nada. Es un proceso de regularización automático”, ha remachado.
Enmiendas en el Senado para cerrar el “coladero”
Tras insistir en que la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez implica “un riesgo” para la seguridad, ha avanzado que el Grupo Popular registrará una enmienda en la Cámara Alta a la Ley de Multirreincidencia para impedir que el proceso de regularización de inmigrantes se convierta en un “coladero” de delincuentes.
De este modo, ha explicado que el PP planteará modificaciones a la Ley contra la Multirreincidencia en el Senado —donde los populares cuentan con mayoría absoluta— con el fin de prohibir la admisión de la declaración responsable “bajo ningún supuesto” y reforzar la comprobación de antecedentes de quienes soliciten la regularización.
“Debemos diseñar otro tipo de política migratoria. ¿Cuál? Pues evidentemente aceptando que no caben declaraciones responsables de quienes hayan cometido delitos”, ha enfatizado la vicesecretaria del PP.
Según Gamarra, es necesario “tener en cuenta los antecedentes penales y también los procedimientos penales que tengan en curso en España aquellos que quieran solicitar una regularización”. Ha añadido que “no podemos obviar los antecedentes policiales. Deben de ser comprobados y deben de ser tenidos en cuenta también a la hora de determinar si una persona es un riesgo para nuestra seguridad”.
Además, ha recalcado que “no cabe la suspensión de procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión que se hayan podido poner en marcha en nuestro país o de expulsiones que ya se hayan acordado como sanción dentro de esos procedimientos”.
La responsable de Regeneración Institucional del PP ha subrayado que el propósito de su partido es que España sea un “país seguro” y que “el que venga aquí a delinquir no pueda encontrar impunidad y “no pueda convertirse el delito en oficio”.
Advertencias de las CCAA por el posible “colapso” de servicios
Gamarra ha añadido que todas las comunidades gobernadas por el PP han registrado alegaciones frente a la regularización masiva de migrantes, al considerar que se trata de una norma que provocará un “colapso” en servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda. “La inmigración es competencia exclusiva del Estado, pero las consecuencias de la regularización recaen directamente sobre las CCAA y los ayuntamientos”, ha señalado.
Ha avanzado también que esta semana el PP defenderá en las Cortes una batería de iniciativas parlamentarias orientadas a garantizar la ejecución efectiva de las expulsiones y a mostrar su rechazo al real decreto de regularización. Asimismo, el grupo popular interpelará a la ministra de Inclusión, Elma Saiz.
La dirigente popular ha expresado la inquietud de su partido ante lo que califica como una política de inmigración “sin rumbo” por parte del Gobierno, que, a su juicio, está convirtiendo a España en “un paraíso para las mafias que trafican con seres humanos”.
Por último, ha reivindicado un modelo de inmigración “ordenada, legal y humana”, con límites, condiciones y reglas “muy claras”, basado en “poner orden al desorden, imponer mano dura contra las mafias y delincuencia, y mano tendida a quien venga a prosperar”.