La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha acusado este lunes al PSOE de estar “bloqueando” en la Cámara Baja la tramitación de dos proposiciones de ley que buscan que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad. “No tienen vergüenza”, ha denunciado.
En la apertura de unas jornadas del Grupo Popular dedicadas a los trabajadores penitenciarios, celebradas en el Congreso, Vázquez ha censurado que los socialistas hayan pedido ya 41 prórrogas para impedir que la iniciativa avance. “No tienen vergüenza. La medida no cuesta dinero, solo cuesta voluntad política”, ha insistido la diputada.
La parlamentaria ‘popular’ ha rememorado que este colectivo fue objetivo de la banda terrorista ETA y ha subrayado que las agresiones al personal penitenciario están en aumento. Como muestra, ha citado el asesinato de la cocinera Nuria López en la prisión de Tarragona, donde fue atacada por un interno en marzo de 2024.
“El Congreso os tiene que escuchar y vuestras reivindicaciones merecen ser atendidas. Ojalá la próxima semana el PSOE desbloquee esta ley”, ha reclamado Vázquez, destacando que las agresiones en los centros penitenciarios van al alza y recordando que en Cataluña, donde la Generalitat tiene las competencias, sus funcionarios ya cuentan con la condición de agentes de la autoridad.
Críticas al Gobierno por “abandonar” a los funcionarios de prisiones
En la clausura de las jornadas ha tomado la palabra el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha acusado al Gobierno de que “abandona y deja sin recursos” a estos empleados públicos, a los que ha descrito como un colectivo “tremendamente olvidado”.
Tellado ha defendido que estos profesionales están “al pie del cañón” a diario y que su integridad física no debería ponerse en riesgo simplemente por acudir a su puesto. A propósito del caso de Nuria López, ha reclamado que no se produzca “ni una muerte más” de trabajadores de prisiones en el ejercicio de sus funciones y ha instado a Instituciones Penitenciarias a adoptar medidas para que un crimen así “no vuelva a suceder nunca más”.
El dirigente del PP considera imprescindible que se reconozca la labor en las cárceles como profesión de riesgo, que se dote a los centros de los medios materiales, técnicos y de seguridad necesarios y que se apliquen protocolos específicos frente a las agresiones. Además, ha recordado que su partido ha registrado el primer Estatuto del funcionario de prisiones y ha promovido su reconocimiento como agentes de la autoridad, comprometiéndose a sacarlo adelante cuando lleguen al Ejecutivo.
Denuncias sindicales y protocolo frente a agresiones sexuales
Durante la jornada, representantes del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) han expuesto la “falta de medios” personales, materiales y legales en las cárceles, así como la “obsolescencia” de normas como el Reglamento de 1981, reclamando una modernización profunda del sistema penitenciario. Entre sus demandas figuran el reconocimiento de la profesión de riesgo y una dotación suficiente que garantice la seguridad en los centros.
En su intervención, han alertado de que las plantillas “están envejecidas”, con una edad de jubilación que se prolonga hasta los 67 años, y han denunciado déficits en videovigilancia, el problema creciente de la entrada de drones en los recintos penitenciarios y la escasez de personal para tareas como los registros de celdas, el control de visitas, la paquetería o la atención en los servicios médicos.
El sindicato también ha reclamado, entre otras medidas, la incorporación de pistolas táser, la equiparación salarial con los funcionarios de Cataluña y País Vasco y la aprobación de un estatuto propio como “piedra angular” del colectivo.
Asimismo, ha puesto el acento en la violencia sexual contra trabajadoras penitenciarias y ha exigido la puesta en marcha inmediata de un protocolo específico frente a las agresiones sexuales en las cárceles, que incluya protección y asistencia inmediata a la víctima, clasificación del agresor en primer grado, comunicación automática a la autoridad judicial y un registro oficial y transparente de estos incidentes. El PP ha asumido esta reivindicación y se ha comprometido a impulsar una iniciativa parlamentaria en esta línea.