Este miércoles, en un tenso intercambio durante la sesión de control al gobierno en el Congreso, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y representantes del PP, incluido su secretario general, Miguel Tellado, han debatido acaloradamente. Las críticas se centraron en la reciente condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien recibió una pena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
Tellado ha comenzado el debate criticando sarcasticamente la capacidad predictiva del ministro Bolaños, comparándolo con ‘la bruja Lola’ por sus comentarios previos sobre la ‘verdad que se abriría paso’, refiriéndose a la condena del fiscal. Bolaños ha replicado acusando al PP de utilizar un ‘salvajismo habitual’ en sus declaraciones y ha defendido su respeto por la sentencia del tribunal, mencionando casos históricos como el 11M y Gürtel para cuestionar la integridad del PP.
En respuesta, Tellado ha sugerido que el fiscal actuó bajo instrucciones de la Moncloa y acusó al ministro de evitar el banquillo ‘gracias a la destrucción de pruebas’. Cuca Gamarra, de PP, también intervino, recordando al ministro los casos de corrupción en el PSOE y acusando al gobierno de obstruir la justicia. Bolaños defendió la gestión del gobierno, afirmando que están llevando a cabo ‘la mayor transformación de la justicia en décadas’.
Por otro lado, la diputada Álvarez de Toledo, en una interpelación, criticó al ministro por su apoyo al fiscal condenado, mientras que Bolaños ensalzó la independencia judicial demostrada con la condena. En otro punto del debate, el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, acusó al gobierno de ‘cinismo’ y de convertir al fiscal en un ‘delincuente al servicio del sanchismo’, mientras Bolaños cerró el debate acusando a la derecha y la ultraderecha de difamación.
Finalmente, en relación con el nombramiento de la nueva fiscal general, Teresa Peramato, Bolaños destacó su ‘trayectoria impecable’, reiterando el respeto y la discrepancia legítima que puede existir frente a las decisiones judiciales sin cuestionar su legitimidad.