El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que la regularización "masiva" de inmigrantes anunciada por el Gobierno, cuya cifra "supera las 800.000 personas", choca con la política migratoria común de la Unión Europea. Al mismo tiempo, ha reprochado al Ejecutivo que pretenda aumentar el censo en España tanto mediante esa regularización como a través de la Ley de Nietos, aludiendo a las solicitudes de nacionalidad de "más de dos millones de personas", algo para lo que, en su opinión, "no tiene derecho".
Durante un acto de campaña en Figueruelas (Zaragoza), junto al presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, Feijóo ha advertido de que esta regularización de inmigrantes provocará un "efecto llamada".
"El Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona. Las regularizaciones han de ser individualizadas, caso a caso", ha defendido, antes de remarcar que supone "una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir" en España.
Además, ha recalcado que la medida es "doblemente irresponsable" porque el Ejecutivo ya está concediendo, mediante la llamada Ley de Nietos, la nacionalidad a "dos millones de personas" y su "incorporación en el censo" de España.
"No tiene derecho a incrementar el censo"
Feijóo ha añadido que ahora, de forma "simultánea", el Gobierno pretende sumar a "más de 850.000 personas que están de forma irregular" en el país a través de una regularización "masiva" de migrantes.
Según el líder del PP, esta decisión "va contra la política europea pactada entre los Estados miembros". "Si usted quiere hablar de inmigración irregular, llévelo al Congreso, que se debata en el Congreso y que se vote. Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la Ley de Nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de más de 800.000 personas", ha subrayado.
El jefe de la oposición ha incidido en que, desde que gobierna Sánchez, la población en situación irregular ha aumentado "un 685%" y que se calcula que esta última decisión podría permitir la regularización de 800.000 personas adicionales por la vía de la reagrupación familiar. A su entender, "dar vía libre a esto en este contexto es una irresponsabilidad".
Una medida "improvisada" para "desviar la atención"
Feijóo ha sostenido que esta regularización "masiva e improvisada" aprobada este martes en el Consejo de Ministros persigue "desviar la atención" tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida, en los que han fallecido 46 personas.
"Que el Gobierno lo tenga muy claro, si cree que se va a dejar de hablar de la negligencia ferroviaria de los últimos años, por esta inmigración irregular, se equivoca. Esto es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles", ha recalcado.
A su juicio, se trata de una "cortina de humo" y, además, es "inhumano e indecente". "Les da igual todo, les da igual que esta regularización masiva vaya en contra de la normativa europea y vaya en contra de la legitimidad que tiene el Congreso y las Cortes Generales para debatirlo y aprobarlo", ha criticado, insistiendo en que esa decisión "va contra la mayoría que hay" en el Congreso.
El PP rechaza el aumento del censo
Fuentes de la dirección nacional del PP han indicado a Europa Press que se oponen a que "se incremente el censo en 2,4 millones de personas a los que se les da nacionalidad de origen y pueden votar", en referencia a la Ley de Nietos. Subrayan que se trata de personas que quizá nunca hayan residido en España y que, sin embargo, podrían participar en próximas elecciones.
Los 'populares' también cuestionan "los intereses de Pedro Sánchez para dar capacidad de voto desde dentro de dos años a todos los regularizados ahora" —que cifran en más de 800.000— tras el acuerdo entre PSOE y Podemos, según las mismas fuentes.
Por su parte, el Gobierno calcula que en torno a 500.000 migrantes se beneficiarán de esta regularización, y sostiene que se trata de una medida extraordinaria sin impacto presupuestario ni en materia de personal.
Ayuso alerta de un posible impacto en el censo electoral
Desde San Sebastián de los Reyes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha salido al paso de la decisión del Ejecutivo central, al asegurar que la intención de regularizar a migrantes generará "graves dificultades" para la gestión de los servicios públicos, en una iniciativa que, a su juicio, responde a "fines electoralistas".
Ayuso considera que es "profundamente irresponsable" y "una trampa" que "puede alterar el censo electoral". A su entender, se trata de una "absoluta ocurrencia" del Gobierno de Pedro Sánchez, que no sabe "ni siquiera hablar de las cifras" y que utiliza esta medida como "una auténtica cortina de humo".