El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este miércoles que la Secretaría de Estado de Seguridad llevará a cabo una “revisión extraordinaria” de los protocolos internos frente al acoso sexual y la violencia de género en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo es aclarar por qué la agente que ha denunciado por violación al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, optó por no acogerse a ese procedimiento interno y decidió acudir directamente a los tribunales.
Grande-Marlaska ha realizado este anuncio durante su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso, después de que los portavoces de PP, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro le exigieran explicaciones por el “escándalo” derivado de la denuncia contra quien hasta la pasada semana era el máximo mando uniformado de la Policía Nacional.
“Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto, vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió”, ha señalado el ministro.
Protocolos eficaces, pero revisión extraordinaria
El titular de Interior ha subrayado que estos protocolos han demostrado su eficacia y que, de hecho, se han activado en otros casos similares dentro de los cuerpos policiales. Sin embargo, ha precisado que, dada la gravedad de los hechos atribuidos al ex número dos de la Policía, se ha decidido impulsar esa revisión extraordinaria.
Ha recordado que dichos procedimientos ya se someten a “revisiones y actualizaciones internas” de forma periódica, pero ahora se ha considerado imprescindible que la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por la que fuera secretaria de Estado de Igualdad, Aína Calvo, lidere este análisis adicional del protocolo vigente en la Policía Nacional desde 2022 y en la Guardia Civil desde 2019.
“Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual y corregirlas de inmediato para que hechos tan graves no vuelvan a producirse”, ha enfatizado Grande-Marlaska.
La oposición exige responsabilidades políticas
Durante el debate, el diputado del PP Ángel Hernández ha reclamado explicaciones al ministro por lo que considera “el ataque más grave que ha sufrido la Policía Nacional en toda su historia” y le ha reprochado que haya permanecido, a su juicio, sin dar la cara ante la “presunta violación por parte, nada más y nada menos, que del jefe de todos los uniformados”.
“No ha explicado si lo sabía o si lo sabía y lo ocultó, y cómo pudo forzar la continuidad de su íntimo colaborador. Porque después de lo conocido, si usted no lo hubiese mantenido, no hubiera habido tal violación. Y eso implica la asunción inmediata de responsabilidades y dar explicaciones”, ha expuesto el parlamentario ‘popular’.
Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro también ha exigido cuentas por “el hito repugnante de haber conseguido que por vez primera en la historia de la democracia española, el DAO de la Policía sea un presunto agresor sexual”.
El diputado de Vox le ha recriminado que prorrogara la “edad activa” de su “hombre de confianza” incluyéndola “de rondón” en un decreto de ayudas por la dana de Valencia y que se permitiera “revictimizar” a la agente “creando sobre ella la presión” de decidir sobre la continuidad del mando en el puesto. A su entender, si al ministro le quedara un “mínimo de decencia política”, ya habría presentado su dimisión.
ERC, socio parlamentario del Gobierno, también ha abordado el asunto. El diputado Francecs-Marc Álvaro Vidal ha solicitado detalles sobre un episodio que, según ha dicho, “ha consternado a la sociedad” y que incide directamente en la “reputación” del Ministerio del Interior y en los mecanismos de control sobre los altos mandos policiales.
Dimisión, cese y protección a la víctima
Grande-Marlaska ha defendido su gestión asegurando que reclamó la querella en cuanto supo que se había admitido a trámite y que, tras leerla, concedió al entonces DAO “un cortísimo espacio de tiempo para que asumiera la responsabilidad y dimitiera”, advirtiéndole de que, si no lo hacía, sería “cesado inmediatamente”.
“Todo en menos de dos horas”, ha recalcado, insistiendo en que, de forma paralela, su prioridad fue que la víctima contara con “toda la protección y el apoyo necesario para garantizar su completa defensa y obtener, si así lo decide la Justicia, toda la reparación posible”.
Pese a ello, PP, Vox y UPN han considerado insuficientes sus explicaciones y han reclamado su salida del cargo. El diputado de UPN, Alberto Catalán, le ha pedido que renuncie por su “incompetencia, inutilidad e indignidad” ante el “vergonzoso escándalo” protagonizado por “su protegido”, en alusión al exDAO.
Ausencia del director de la Policía y destino del entorno del exDAO
En su segundo turno, los portavoces de Vox y ERC, así como el diputado de Bildu Jon Iñarritu, han denunciado la ausencia del director general de la Policía, Francisco Pardo, desde que estalló la crisis, cuestión sobre la que el ministro no ha ofrecido respuesta. Además, tanto Iñarritu como Gil Lázaro han criticado que se diera a González la opción de presentar su renuncia en lugar de proceder a su cese directo.
El representante de Vox ha reprochado también que, en lugar de suspender de empleo y sueldo al comisario Óscar San Juan, mano derecha del exDAO y quien supuestamente trató de “comprar el silencio de la víctima”, se le haya “recolocado” en “un lugar destacado del organigrama de la Policía Científica”.
Sobre este punto, Iñarritu ha añadido que una de las alternativas que se planteó a la denunciante fue destinarla a una embajada, una fórmula que, según ha recordado, se utiliza igualmente para premiar a otros agentes y que, en su opinión, evidencia la necesidad de regular con mayor precisión la concesión de estos puestos.
El ministro ha justificado el traslado de San Juan aludiendo a que se le ha apartado de un puesto tan “sensible” como el que ocupaba en la Dirección Adjunta Operativa para enviarlo a otro que, a su juicio, no tiene “ninguna relevancia”. “En algún sitio había que ponerle”, ha señalado, subrayando que no se le puede suspender sin una base “objetiva” porque los tribunales podrían revocar esa medida.
Grande-Marlaska ha recordado que la propia víctima ha optado por que sea la Justicia la que determine si se investiga a San Juan por las presuntas presiones, y ha avanzado que el Ministerio actuará en función de lo que se resuelva en ese ámbito antes de adoptar nuevas decisiones sobre el comisario. “Cuando se pueda, si se tiene que hacer, se hará”, ha manifestado en relación con un posible cese futuro.