La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha ratificado que su grupo se posicionará en contra del nuevo real decreto ley de 'escudo social', que contempla, entre otras medidas, prolongar la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador sea un gran tenedor o un 'fondo buitre', así como la extensión del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.
Nogueras ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez trató de incluir la semana pasada en un único decreto las pensiones junto con “el tema de las okupaciones”, pero que su formación no se “comieron el sapo” pese al “chantaje, las presiones y las mentiras” del Ejecutivo. “El Gobierno español ha tenido que rectificar”, ha enfatizado.
Aun así, la dirigente de Junts ha avanzado en un vídeo difundido en 'Instagram' que, tras revisar “la letra pequeña”, rechazarán la prórroga de la moratoria antidesahucios porque consideran “que no sólo no soluciona el problema, sino que es injusta”, por lo que el decreto del Ejecutivo tiene muchas posibilidades de no superar el trámite en el Congreso.
“El coste de este escudo social, del que tanto se llenan la boca las llamadas izquierdas españolas, lo están pagando el pequeño propietario y los vecinos”, ha afeado Nogueras.
En unas declaraciones difundidas previamente por Junts, la portavoz ha sostenido que el impacto económico de la moratoria de los desahucios de personas vulnerables debería asumirlo directamente el Gobierno. “Si hay dinero para pagar millones de euros a los inspectores de Hacienda, tiene que haberlos para pagar a aquellas personas que realmente lo necesitan”, ha remarcado.
A juicio de Nogueras, el Ejecutivo de coalición ha dispuesto de “seis años para encontrar una solución” a lo que ella denomina “el problema de las ocupaciones”, pero no ha sido capaz de “hacer los deberes” en este ámbito.
Junts, por su parte, ya había asegurado su apoyo al decreto ley específico de las pensiones y ha celebrado que finalmente el Gobierno haya aceptado tramitar la revalorización de las pensiones en una norma separada.
Acuerdo entre PNV y Gobierno sobre el escudo social
El PNV comunicó que había alcanzado un pacto con el Ejecutivo para extender el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, con el objetivo de evitar “que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables” al tener que soportar “la carga del impago a la que se les obligaba”.
Tras ese entendimiento, el Consejo de Ministros dio 'luz verde' al nuevo 'escudo social', aprobado después de que el pasado 27 de enero el Congreso rechazara la convalidación de un único decreto que aunaba la subida de las pensiones y la prórroga de las medidas sociales, entre ellas la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional “cuando el arrendador es un gran tenedor o un 'fondo buitre'”.
Con este nuevo marco, se mantiene el 'escudo social' que ampara a las personas inquilinas sin alternativa habitacional que, por causas sobrevenidas, no pueden hacer frente al pago de la renta.
Sin embargo, conforme al acuerdo entre el Gobierno y el PNV, los propietarios de una o dos viviendas (o que se encuentren en situación de vulnerabilidad) quedarán fuera del alcance de la prórroga de este 'escudo social', y serán los servicios sociales competentes quienes deban garantizar una solución habitacional de emergencia para los inquilinos vulnerables.
Este entendimiento ha sido duramente cuestionado por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que lo ha tildado de “asco absoluto”. “El PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que 'sólo' tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad”, ha publicado en 'X'.