La modificación del Código Penal para endurecer las penas por multirreincidencia, promovida por Junts y convertida en una de sus principales exigencias al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha recibido este jueves el visto bueno por mayoría en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso, tras incorporar alrededor de media docena de cambios consensuados con PSOE y PP. En contraste, formaciones que sostienen al Gobierno como Bildu y Podemos han dejado por escrito su oposición a la iniciativa.
Esta proposición de ley, que introduce ajustes en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), fue presentada por Junts en marzo del año pasado y el Pleno del Congreso acordó su toma en consideración medio año después. Sin embargo, el texto quedó después paralizado durante meses, prorrogándose de forma sucesiva el plazo para registrar enmiendas parciales.
Las enmiendas se registraron finalmente en marzo de este año, pero la tramitación volvió a quedar congelada, ya que los socios de izquierda del Gobierno habían expresado su rechazo a la reforma, mientras que el PP sí venía reclamando su aprobación.
Cesión del PSOE tras la ruptura con Junts
Después de que Junts anunciara la ruptura del diálogo con el PSOE, los socialistas aceptaron reactivar el expediente legislativo y este jueves la ponencia de la Comisión de Justicia ha retomado el debate, en una reunión celebrada a puerta cerrada.
Según han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias, en la ponencia se han incorporado unas seis enmiendas transaccionales que Junts ha acordado con el PSOE, en dos de los casos, y con el PP, en los otros cuatro. El texto resultante ha salido adelante por mayoría, pero no por unanimidad, ya que al menos Bildu y Podemos han votado en contra. Sumar y ERC han preferido reservar su posición para el debate en comisión.
El PNV, que también había pedido esta reforma al presidente Sánchez, ha intervenido en la redacción de algunas de las enmiendas transaccionales al entender que “permitirá reducir los casos que tanto inquietan a la ciudadanía en varios municipios de Euskadi”. “La seguridad es una de las cuestiones que más preocupación genera en la sociedad vasca y el PNV ha asumido el reto de afrontar esta cuestión con serenidad y sin alarmismos, pero tomando decisiones que ayuden a combatir la multirreincidencia delictiva”, ha señalado el portavoz nacionalista, Mikel Legarda.
El siguiente trámite consistirá en someter el informe de la ponencia a la Comisión de Justicia en sesión pública, previsiblemente en la semana del 17 de diciembre. Posteriormente, el dictamen será elevado al Pleno del Congreso, algo que se prevé para enero o febrero, coincidiendo con la reanudación de la actividad ordinaria.
Claves de la reforma penal
La propuesta de Junts establece una pena de multa de uno a tres meses cuando el valor de lo sustraído no supere los 400 euros, pero prevé que el delito de hurto pueda castigarse con prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado en sentencia firme por otros tres delitos menos graves.
Además, a iniciativa de Junts, se incorpora un nuevo agravante que permite elevar la pena cuando el objeto sustraído sea un teléfono móvil u otro dispositivo informático que contenga datos personales. Esta previsión no se aplica a los hurtos de terminales nuevos en establecimientos comerciales.
En otra enmienda consensuada con PP, PSOE y PNV, se extiende la previsión sobre multirreincidencia a los delitos de estafa, con ánimo de lucro, “cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro”. Para fijar la pena se valorará el importe de lo defraudado, el perjuicio económico ocasionado a la víctima, la relación entre esta y el autor, los medios empleados y cualquier otra circunstancia que permita medir la gravedad de la infracción.
Si la cantidad defraudada no supera los 400 euros, se impondrá una multa de uno a tres meses, salvo que concurra alguna de las circunstancias del artículo 250. No obstante, cuando el culpable haya sido condenado en firme al menos por tres delitos de la misma naturaleza, incluidos en este título, y siendo al menos uno de ellos leve, se aplicará “la pena del apartado primero” de dicho precepto. No se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran estarlo.
Medidas de alejamiento y lucha contra el ‘petaqueo’
Otra modificación, acordada con PSOE y PNV, permite imponer cautelarmente al investigado “la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas”.
Por último, mediante una enmienda ‘in voce’ respaldada por PP, PNV y Junts, se fija una pena de prisión de uno a cinco años para el denominado ‘petaqueo’, al entender que “resta apoyo logístico a las narco lanchas” al sancionarse “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” en contra de lo previsto en las leyes o en otras normas de carácter general.