La Mesa del Congreso aprobó este martes un acuerdo en el que censura el “ataque” a la Presidencia de la Cámara que la semana pasada terminó con la expulsión del Pleno del diputado de Vox José María Sánchez, y plantea la necesidad de reforzar el Reglamento para disponer de herramientas más contundentes ante este tipo de incidentes. El documento salió adelante únicamente con los votos de PSOE y Sumar, mientras que el PP se posicionó en contra al no aceptarse ninguna de sus aportaciones.
Impulsado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el texto condena “en los más enérgicos términos” el “intento” de Sánchez García de “intimidar a una funcionaria” —a la que increpó junto al lugar del estrado reservado a los miembros de la Mesa— y su “ataque” a la Presidencia, que en aquel momento ostentaba el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
El acuerdo subraya que estos comportamientos “constituyen un grave cuestionamiento a la institución parlamentaria y a la democracia que representa” y remarca que no se trata de “un hecho aislado”, sino de “un paso más” dentro de una “táctica” destinada a “socavar el funcionamiento del Parlamento a base de generar altercados” y a “cuestionar la legitimidad de las instituciones democráticas” mediante “constantes intentos por alterar su “normal funcionamiento”.
Advertencia de sanciones más severas y llamada a reformar el Reglamento
La Mesa reprocha además que es “frecuente” que Sánchez García “profiera descalificaciones” a otros diputados y recuerdan que figura entre los parlamentarios más veces llamados al orden tanto en el Pleno como en comisión. “Los ataques al Parlamento, a su Reglamento o a su Presidencia no son casuales. Son el inicio de una coreografía que siempre acaba igual: con un ataque frontal a la democracia. De ahí que no quepa considerar que la actuación del señor Sánchez García sea una simple falta de educación o una mera vulneración de la cortesía parlamentaria”, añade el acuerdo.
En este marco, la Mesa avisa al diputado de Vox de que comportamientos de este tipo “no serán toleradas” y que, en adelante, “serán respondidas con las actuaciones más enérgicas que permita la normativa vigente”. La semana pasada se le aplicó el artículo 104 y no pudo regresar al Pleno hasta la jornada del miércoles, pero ahora se le recuerda que, si reincide, podría aplicarse el artículo 106 del Reglamento, que contempla la suspensión de la condición de diputado hasta un mes, ampliable a propuesta de la propia Mesa.
El órgano de gobierno de la Cámara llama también a una “reflexión profunda sobre la senda iniciada” al advertir de que “ataques” como este “rara vez se producen de manera aislada, sino que suelen ser la antesala de auténticos ataques a la democracia y a las libertades de que disfruta la ciudadanía”. En paralelo, insta a los grupos a rebajar el “clima de crispación”, aunque PSOE y Sumar puntualizan que “no todos los integrantes del arco parlamentario son igualmente responsables de la situación” y que solo ciertas formaciones han convertido “la crispación en una herramienta política para deslegitimar las instituciones”.
La Mesa propone que los grupos valoren una actualización del Reglamento del Congreso “con el fin de que la Cámara disponga de una herramienta más eficaz para dar respuesta a las situaciones de conflictividad que se puedan producir en el curso de las sesiones parlamentarias” y que se estudien “las formas de mejorar la convivencia en el recinto parlamentario”.
El PP rechaza el texto y denuncia bloqueo de iniciativas
Desde el PP sostienen que su objetivo era cerrar un acuerdo partiendo del borrador remitido por Armengol antes de la reunión. Aseguran que registraron una primera alternativa que asumía la propuesta socialista y la ampliaba para “reflejar mejor la realidad del Congreso” y que, al ser descartada, presentaron una segunda redacción que también fue tumbada.
En ambos escritos, los populares reprobaban el comportamiento de Sánchez García y respaldaban la censura y los avisos al diputado, pero además querían emplazar a la Presidencia del Congreso a ejercer “una actuación firme” orientada a “cumplir y a hacer cumplir” la Constitución y el Reglamento, utilizando las herramientas previstas “para garantizar el respeto al orden y al decoro durante las sesiones y el respeto a los derechos fundamentales en el funcionamiento ordinario de la Cámara”.
En su primera propuesta, el PP aludía a la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona el bloqueo, mediante la reiterada ampliación del plazo de enmiendas, de la tramitación de proyectos de ley derivados de decretos ley. Los populares denuncian que esta práctica se ha convertido en habitual y por eso pretendían incorporar un llamamiento para evitar “que se vuelvan a vulnerar los derechos democráticos fundamentales de participación política mediante el sistemático bloqueo de iniciativas legislativas”.
En declaraciones a los medios, Armengol ha lamentado que el PP se haya negado a respaldar su planteamiento en la Mesa y que, en la Junta de Portavoces, se haya alineado con Vox para rechazar la reforma del Reglamento. Según ha explicado, la idea sí ha sido bien acogida por el resto de grupos, por lo que da por hecho que avanzará “pasito a pasito”.
Por el momento, el PSOE ya ha decidido impulsar esa revisión del Reglamento, al considerar que la sanción impuesta a Sánchez García se quedó corta y que la presidenta no está logrando “éxito” en su intento de rebajar la tensión. Así lo ha señalado el portavoz socialista, Patxi López, quien ha censurado que el PP haya puesto “peros” al texto y haya tratado de “debilitar la verdad” de lo ocurrido. “Las cosas fueron como fueron y las sanciones se las merecía quien se la merecía”, ha remachado.
El Congreso tramita ya una reforma reglamentaria presentada por el PSOE para regular los lobbies, que incorpora un catálogo de sanciones para los diputados, aunque, pese a que los grupos han registrado sus enmiendas, la iniciativa sigue encallada.
Sumar respalda la condena y Vox denuncia “doble rasero”
Desde Sumar, el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, considera “evidente” que era necesario “repudiar” la actitud de un diputado que, además de juez, ya fue expulsado en la pasada legislatura por llamar “bruja” a una parlamentaria y que, según ha recordado, suele protagonizar conductas “totalmente inadmisibles” y “faltas de respeto ostensibles”.
Pisarello ha criticado que el PP haya “encontrado excusas” para no sumarse a la condena y se ha mostrado “muy a favor” de estudiar cambios en el Reglamento para poder afrontar este tipo de comportamientos, “que no tienen tanto que ver con la libertad de expresión, sino con actos, incluso físicos, de desobediencia a las autoridades de la Mesa o de intimidación física”.
Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha denunciado que “lo que no puede ser es que la regla sea solamente para uno y no para otro y que se aplique un doble rasero”, reprochando que nadie haya “apercibido públicamente” al diputado de ERC Jordi Salvador, al que Sánchez García acusa de haberle llamado “asesino, criminal e ignorante” y de haber provocado así su reacción del martes pasado. “La Presidencia tiene que ejercer su autoridad y poner orden porque en el Congreso se “insulta sistemáticamente a Vox de forma gratuita”, ha concluido.