La diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha anunciado este martes que su grupo solicitará a la Fiscalía que abra diligencias por un posible delito de lesiones a pacientes vinculado a la gestión del Hospital de Torrejón (Madrid), y ha añadido que el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, está preparando igualmente otra denuncia ante el Ministerio Público.
En una comparecencia en la Cámara Baja, Sidi ha recalcado que los audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, sobre supuestas instrucciones para priorizar a determinados pacientes y pruebas más rentables desde el punto de vista económico apuntan a un posible delito contra la salud pública, que debe ser esclarecido para depurar responsabilidades tanto en la empresa adjudicataria como en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.
A su juicio, lo sucedido refleja no solo «mala gestión» sino también una posible conducta delictiva, y ha arremetido contra el modelo sanitario impulsado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que, según ha dicho, reproduce el esquema de «desguazar» la sanidad pública con «puertas giratorias y opacidad» iniciado bajo el mandato de Esperanza Aguirre.
En esta línea, ha sostenido que, si se sigue el «rastro del dinero» de los contratos públicos con grupos sanitarios privados, se acaba llegando igualmente a la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador.
Además, Sidi ha explicado que Más Madrid pretende promover en el Congreso la creación de una subcomisión de estudio para examinar el impacto del modelo de gestión externalizada en la calidad asistencial del sistema sanitario público, con especial atención a las concesiones otorgadas a grupos como Quirón y Ribera Salud.
Junto a su compañera y también diputada Alda Recas, aspira a que este órgano parlamentario se ponga en marcha para someter a revisión el modelo de gestión privatizada no solo en la sanidad madrileña, sino en el conjunto del territorio estatal.
Con esta iniciativa, buscan incrementar la transparencia sobre el empleo de fondos públicos por parte de las compañías concesionarias y detallar cómo influye la privatización en la calidad de la atención sanitaria en el sistema público.
El propósito es que buena parte de los trabajos se concentren en lo ocurrido en el Hospital de Torrejón y en otras concesiones gestionadas por Ribera Salud o Quirón, de forma que sirvan también para analizar el efecto del modelo privatizado en hospitales públicos de otras comunidades autónomas.
SOLICITA QUE LA COMUNIDAD APORTE DATOS AL CONGRESO
Paralelamente, Más Madrid ha exigido al Ejecutivo de Ayuso que remita al Congreso un informe detallado sobre los recursos públicos que transfiere al grupo Ribera Salud para la gestión del Hospital de Torrejón.
Sidi ha denunciado que en la Comunidad de Madrid se da un caso de «economía circular vicidada», al considerar que la auditoría sobre la gestión de este centro sanitario se ha encargado también a una empresa privada. Por ello, ha defendido que la información requerida permitirá que se rindan cuentas de este modelo privatizado ante los representantes de la soberanía popular.
«ESCÁNDALO»
La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de los Comunes, Aina Vidal, ha calificado de «escándalo» la situación que afecta al Hospital de Torrejón y ha advertido de que ese incremento deliberado de las listas de espera, motivado por criterios de rentabilidad, acabará generando a medio y largo plazo un coste superior para el sistema público.
En esta línea, ha remarcado que los audios difundidos son «escalofriantes» al dejar al descubierto un plan que «ignora los protocolos» médicos y concibe la salud como si fuera un «excel, no un derecho». Por ello, ha reclamado acelerar la desprivatización de la sanidad, que considera una «emergencia nacional», y ha alertado de que directivos que manipulan las listas de espera son capaces de «cualquier cosa».
COMPROMÍS: LA GESTIÓN DEL PP «MATA»
Por su parte, el diputado de Compromís integrado en el grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha sostenido que los audios del CEO de Ribera Salud y la «acérrima defensa» de Ayuso de la compañía no les resultan sorprendentes, y ha subrayado que una de las prioridades del Gobierno debe ser revertir la gestión externalizada de los hospitales.
Ha recordado que esa fue la línea seguida por el Gobierno del ‘Botànic’ en la Comunidad Valenciana, y ha vinculado esa decisión con el que considera un caso «bestial de lawfare» y una «cacería mediática» contra su compañera de partido, la exvicepresidenta autonómica Mónica Oltra.
Asimismo, ha reprochado que, cuando el PP regresó a la Generalitat valenciana, una de sus primeras medidas fue detener los procesos de reversión de la gestión privatizada de los hospitales, para concluir que «el PP mata, no solo por la dana, sino por su gestión en la que prioriza los beneficios de las multinacionales a la vida de la gente».