El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado este miércoles que la vía más ágil para reconocer como víctima al joven malagueño Manuel José García Caparrós, muerto por un disparo de la Policía durante una manifestación en diciembre de 1977, pasaría por aprobar en el Congreso una modificación urgente de la Ley de Memoria Democrática de 2022, ya que con la normativa vigente no puede ser catalogado como víctima del terrorismo ni de la represión franquista.
En su intervención en la Cámara Baja, en una comparecencia relacionada con la baliza V16 exigida por la Dirección General de Tráfico (DGT), Marlaska ha insistido en que García Caparrós no puede ser reconocido como víctima del terrorismo, aunque sí sería posible una indemnización si se le considera víctima de persecución política mediante un cambio en la ley 20/2022 de Memoria Democrática.
El ministro respondía así a la cuestión planteada por el portavoz de Izquierda Unida y representante de Sumar, Enrique Santiago, acerca de la decisión del Ministerio de Interior de rechazar la indemnización como víctima del terrorismo al joven sindicalista, al entender que su caso no se ajusta a la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.
La directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, comunicó esta resolución a la familia en una carta a la que accedió Europa Press, en la que califica los hechos ocurridos durante la manifestación a favor de la autonomía andaluza en la que falleció Manuel José García Caparrós como “execrables”, recordando que la principal misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser “proteger a los ciudadanos”.
Víctimas de la Policía y límites de la ley antiterrorista
Marlaska ha explicado que la normativa de 2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo contempla a “cualquier víctima de un grupo que intenta poner en tela de juicio los valores democráticos”, es decir, a quienes sufren ataques de organizaciones terroristas armadas.
En este contexto, ha recordado que hace dos o tres años se reconoció como víctima del terrorismo a Vicente Cuervo, también asesinado en una manifestación en 1980, pero en aquel caso por un grupo terrorista de extrema derecha. Sin embargo, García Caparrós murió por un disparo de la Policía Armada y, según ha recalcado el titular de Interior, su situación no encuentra encaje jurídico en la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011.
Grande-Marlaska ha apuntado que sí habría cobertura en la primera ley de memoria, la aprobada en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo artículo 10 permitía conceder una indemnización a las personas fallecidas en defensa de la ley y la democracia entre 1968 y el 31 de diciembre de 1977.
Derogación del artículo 10 y propuesta de reforma
No obstante, la Ley de Memoria Histórica de 2007 fue modificada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2022 con la actual Ley de Memoria Democrática, que dejó sin efecto el citado artículo 10, y hasta ese momento no constaba ninguna reclamación por parte de la familia de García Caparrós.
Ante esta situación, Marlaska sostiene que la salida pasa por acometer una “reforma urgente” de la Ley de Memoria de 2022 para reincorporar el contenido del artículo 10 de la norma de 2007. “Esa posibilidad está en sus manos --ha dicho a los grupos parlamentarios--, y yo lo entendería más que oportuno. Creo que sería la vía más rápida”.