QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reiterado que desconocía las actividades de la sociedad navarra Servinabar, vinculada a Santos Cerdán, y que solo supo de su existencia a raíz de la aparición del “caso Koldo” en los medios de comunicación. Al mismo tiempo, sostiene que no teme lo que pueda declarar ante el juez la exmilitante socialista Leire Díez y se ha desligado del expresidente de SEPI detenido, Vicente Fernández, con quien afirma no tener relación desde que abandonó el cargo.
Montero ha realizado estas declaraciones en los pasillos del Congreso, tras ser preguntada por la operación policial que ha llevado a la detención de Vicente Fernández, de Leire Díez y del empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.
En primer lugar, la vicepresidenta ha subrayado que se trata de “investigaciones en curso” y que es necesario aguardar a sus conclusiones. En cualquier caso, ha garantizado “total colaboración con la justicia” y ha asegurado que “todos los requerimientos de información que se soliciten a los diferentes organismos serán atendidos de inmediato”.
Ningún contacto con Vicente Fernández desde hace años
Respecto a Vicente Fernández, a quien ella misma propuso como presidente de SEPI al inicio del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Montero ha querido dejar patente que no mantiene “ningún contacto” con él desde que dejó la empresa pública, alrededor de año y medio después de su designación.
Ha recordado que “él estuvo escasamente un año y pico en SEPI” y que “hace más de seis años que no está dentro del grupo de personas” con las que trata habitualmente. “No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor”, ha afirmado, insistiendo en que se enteró por la prensa de que colaboraba con Servinabar.
Desde el Ministerio de Hacienda señalan que la propia Montero decidió cesar a Fernández cuando fue imputado por el “Caso Aznalcollar”, causa de la que finalmente resultó absuelto. Subrayan también que su etapa al frente del holding público fue muy breve, lo que, a su juicio, limitó su capacidad para tejer redes de confianza que pudieran facilitar la comisión de determinados delitos.
En estos seis años desde su salida de SEPI, la vicepresidenta recalca que no ha mantenido ningún tipo de relación con él: “Ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos”, ha enfatizado.
Defensa de su perfil para dirigir la SEPI
Pese a todo, Montero defiende la idoneidad del nombramiento de Fernández como presidente de SEPI, recordando que había sido interventor general de la Junta de Andalucía, pertenecía al cuerpo de letrados de la Junta y acumulaba “toda una trayectoria trabajando” en el Gobierno andaluz. “O sea que su perfil profesional es un perfil que avala su nombramiento” ha concluido.
En relación con Servinabar, la compañía navarra que conecta al exresponsable de SEPI con Antxon Alonso y con Cerdán, la vicepresidenta reitera que tuvo noticia de ella únicamente a través de la prensa, que se trata de una empresa de pequeño tamaño y que ni “mucho menos” conocía los detalles que posteriormente han ido trascendiendo.
La número dos del PSOE reconoce que es “un dolor y una tristeza” que personas que han gozado de confianza política puedan verse salpicadas por una trama o por asuntos relacionados con la corrupción, pero defiende que ello no afecta a la solidez del Ejecutivo.
“Cuando existen personas que están implicadas o asociadas a casos de corrupción, o a casos de machismo, a nosotros eso nos duele y nos impacta, por supuesto. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que eso provoque ningún tipo de estabilidad e inestabilidad en el Gobierno”, ha explicado.
Sin temor a lo que declare Leire Díez
Sobre Leire Díez y su comparecencia ante el juez, Montero ha querido dejar meridianamente claro que no temen “absolutamente nada” y que el conocimiento que tienen de ella procede exclusivamente de lo publicado en la prensa.
“Nosotros no tenemos más información que la que ustedes publican –ha insistido–. Lo único que puedo decir es que efectivamente siempre para nosotros cualquier persona que se aleje de la legalidad o incluso de un comportamiento ético no tiene cabida en este proyecto político de ninguna manera”.
Fuentes del Gobierno recuerdan que la causa por la que han sido arrestados Fernández y Leire Díez permanece bajo secreto de sumario y aseguran desconocer qué tipo de requerimientos de información se han cursado a la SEPI. En cualquier caso, apuntan que, en investigaciones anteriores que afectaban a empresas del grupo, los jueces han solicitado la documentación directamente a las sociedades implicadas.
Además, esas mismas fuentes atribuyen las detenciones no tanto a un posible riesgo de fuga como al temor de los investigadores de que los implicados puedan destruir pruebas relevantes para la causa.
