Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha manifestado este martes que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez está impulsando con urgencia la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorgaría a los fiscales la responsabilidad de las investigaciones penales, dado que «necesita controlar la Justicia». Muñoz reprochó además que el Ejecutivo no buscara el consenso con el PP, principal grupo de la oposición, ante una reforma «profunda».
«Es inviable una reforma que cambie de esta naturaleza el proceso penal en nuestro país si no se corta el cordón umbilical entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado. Y hacerlo deprisa y corriendo, sin contar con el principal partido de este país, solo nos lleva a pensar que lo hacen porque quieren asaltar también la justicia», afirmó Muñoz.
Tras la aprobación de la reforma en el Consejo de Ministros, se ha confirmado que la instrucción pasaría de los jueces a los fiscales, lo que representa un cambio significativo en el sistema penal español.
«¡No hay mejor momento, según el Gobierno de España, para darle la instrucción a la Fiscalía! Un momento en el que no cuenta con mayoría parlamentaria, un momento en el que los socios le van abandonando y le votan que ‘no’ a la mayoría de leyes», señaló Muñoz en una rueda de prensa.
Además, la portavoz criticó que el PSOE no buscara un entendimiento con el PP en una reforma tan crítica, especialmente cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está imputado y declarará el próximo 12 de noviembre por un presunto delito de revelación de secretos.
El diputado del PP, Elías Bendodo, también ha acusado al presidente Sánchez de querer «amordazar la justicia» al retirar la instrucción de los jueces para dársela a los fiscales, una medida que según él, compromete la separación de poderes y la independencia judicial. Bendodo enfatizó que esta reforma es un «nuevo ataque» del Gobierno, que ya ha afectado a otros sectores como los autónomos.