Con la utilización de su mayoría en el Senado, el PP ha logrado avanzar este miércoles un conflicto de competencias con el Gobierno, que podría desembocar en una intervención del Tribunal Constitucional (TC). El objetivo es forzar al Ministerio de Hacienda a que presente de inmediato el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 en las Cortes.
Esta decisión se tomó tras un intenso debate, donde el presidente del Senado, Pedro Rollán, tuvo que hacer varias llamadas al orden a los senadores del PSOE, instándolos a mantenerse en la temática central. Durante el debate, se registraron diversos reproches entre el PP y el PSOE, relacionados con las polémicas judiciales del Gobierno o la ausencia de presupuestos en comunidades gobernadas por el PP.
Posteriormente, el Senado decidió adoptar este nuevo conflicto de competencias como propio y lo enviará al Gobierno, que tiene un mes para responder una vez recibido el planteamiento. Si el Gobierno no responde o la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el caso al Tribunal Constitucional o si desiste de la acción.
En la votación plenaria, el PP no obtuvo el apoyo de otros grupos, aunque contó con la abstención de ERC, EH Bildu, Vox, UPN, Asociación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente.
ES UNA «OBLIGACIÓN» DE LA CONSTITUCIÓN
Según el documento del conflicto de competencias, el PP sostiene que el Senado «no debe admitir ni tolerar el incumplimiento» de la obligación constitucional del Gobierno de presentar los presupuestos. Además, rechazan las prácticas de modificación presupuestaria realizadas «al margen del Parlamento», argumentando que son contrarias al principio de legalidad presupuestaria.
El PP compara la situación actual, con presupuestos prorrogados desde 2023, con la de 2020, cuando se mantuvieron los presupuestos de 2018 debido a la crisis del COVID-19. Aducen que ahora «no existe justificación posible» para no presentar los presupuestos, a menos que no se haya alcanzado un acuerdo con las fuerzas parlamentarias necesarias para su aprobación. Finalizan diciendo que los motivos políticos no justifican el incumplimiento de las obligaciones constitucionales, impidiendo así que el Senado ejerza su función presupuestaria.