QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Con su mayoría absoluta en el Senado, el PP ha aprobado una proposición de ley que modifica el Código Penal, con el objetivo de que no se tipifique como delito de coacciones la suspensión de suministros en propiedades ocupadas ilegalmente. El PNV respaldó la medida, mientras que Junts se abstuvo.
La proposición ahora se dirigirá al Congreso de los Diputados, donde puede ser aceptada o rechazada. Si las votaciones en ambas cámaras son consistentes, la proposición podría ser aprobada definitivamente.
La enmienda propuesta por el PP añade un apartado al artículo 172.1, especificando que la interrupción de servicios básicos en viviendas ocupadas ilegalmente “en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones”.
La justificación de esta propuesta, según documentos a los que tuvo acceso Europa Press, se fundamenta en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que respalda que los propietarios pueden cesar los suministros a los okupas sin incurrir en delito. “La interrupción de los suministros avalada por la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona puede marcar un precedente en la lucha contra la ocupación ilegal”, afirmó el PP en su celebración.
El partido busca con esta modificación “clarificar criterios y que se pueda aplicar legalmente en toda España”.
