El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a los grupos parlamentarios a acometer en este semestre la reforma de la vigente Ley de Secretos Oficiales de 1968, aunque no ha precisado si, mientras avanza esa tramitación, tiene intención de desclasificar documentación aún más antigua que la relativa al intento de golpe de Estado de 1981 que el Ejecutivo ha hecho pública este martes.
Durante la sesión de control en el Pleno del Congreso, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha subrayado que siguen bajo secreto de Estado los documentos vinculados a episodios como los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, una actuación policial que terminó con cinco sindicalistas muertos; las cargas de la Policía en los Sanfermines de 1978; el caso (Mikel) Zabalza, un joven fallecido bajo tortura en 1985; los episodios de "guerra sucia" del Batallón Vasco Español en la Transición y los del GAL ocurridos durante los años de Gobierno socialista de Felipe González.
Aizpurua ha defendido que la reciente desclasificación de los papeles del 23F demuestra que, cuando existe voluntad política, el Consejo de Ministros puede levantar la reserva sobre otros expedientes, incluso anteriores, sin necesidad de aguardar a la reforma de la Ley de Secretos heredada del franquismo.
Bildu reclama desclasificar más casos
"Usted dijo que la memoria no puede estar bajo llave y tiene toda la razón. Por eso le pedimos que desclasifique ya todos los documentos --ha dicho--. Las familias y la sociedad vasca tenemos derecho a conocer la verdad, no nos la niegue. Desclasifique la impunidad".
Sánchez, sin embargo, ha evitado concretar qué decisión adoptará respecto a esos archivos y ha vuelto a remitirse al proyecto de Ley de Información Clasificada que el Gobierno aprobó en julio del año pasado y que permanece atascado en el Congreso por falta de una mayoría suficiente. Formaciones como el PNV y Bildu consideran que el texto se queda corto porque, tal y como ha denunciado Aizpurua, es necesario actualizar la norma de 1968, pero "no para sustituirla por otra que mantenga los secretos y la impunidad durante hasta 60 años más".
El jefe del Ejecutivo ha defendido que la iniciativa legislativa impulsada por el Ministerio de la Presidencia permitiría derogar la actual legislación preconstitucional y fijar "un marco claro con criterios claros, con plazos, con procedimientos de revisión" que situaría a España "al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de secretos oficiales". Por ese motivo, ha animado a las distintas fuerzas de la Cámara a aprovechar el periodo de sesiones que concluye en junio para culminar la tramitación parlamentaria de la norma.
"Un gran día" para la democracia
"UN GRAN DÍA"
Por otro lado, el presidente ha celebrado la desclasificación de los documentos del 23F aprobada por su Gobierno, destacando que se trata de "un gran día para democracia" y que con esta decisión se salda "una deuda no solamente con los investigadores que quieren arrojar luz sobre hitos de la historia de nuestro país, sino también con el conjunto de la ciudadanía".
En términos similares se ha expresado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en los pasillos del Congreso, al afirmar que la difusión de estos materiales sobre la intentona golpista de 1981 permite "saldar una deuda con la democracia, con la memoria, con la transparencia".
"Hoy los ciudadanos españoles podrán conocer toda la democracia que tiene el Estado, que custodia sobre el 23-F, que curiosamente fue un golpe de Estado que trató de acabar con la democracia y que acabó consolidando en nuestro país un sistema democrático", opina.
Según ha recalcado, la actual ley de secretos de 1948 no imponía al Gobierno la obligación de hacer públicos estos documentos, ya que permite que determinados materiales permanezcan clasificados "para siempre", y por ello ha reiterado que su "prioridad" es que las Cortes aprueben su Ley de Información Clasificada para poder tratar a los ciudadanos como "mayores de edad".
A partir de ahí, con el resto de asuntos, por supuesto, lo que es prioridad para el Gobierno es aprobar la nueva ley de información clasificada, una ley democrática, europea, con estándares occidentales, al hilo y en línea con todas las legislaciones de todos los países de nuestro entorno, y aplicaremos esa ley cuando esté en vigor.