QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Sumar y las formaciones que integran su espacio político han lanzado duras críticas contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, calificándola de “escándalo” y de “auto de fe” de “puro estilo inquisitorial”. Consideran que el fallo supone un grave precedente para la calidad democrática y para el funcionamiento del Estado de Derecho.
Desde la cuenta oficial de Movimiento Sumar en la red social Bluesky se ha difundido el mensaje de que “Se ha escrito una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo. La Fiscalía General del Estado sólo ha tratado de defender la institución de los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid. Ahora más que nunca, toca defender la democracia”. El partido sostiene que la resolución responde a presiones de los grandes centros de poder.
La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha reprochado que el fallo del alto tribunal está “hecha ad hoc” y que condena a una persona “sin poder probar si fue él quien cometió el delito, basándose únicamente en meros indicios”. “Esta sentencia es una falacia construida incluso antes del inicio del propio juicio”, ha denunciado, subrayando que se trata de una resolución diseñada para apartar a García Ortiz.
En la misma línea, el dirigente de los Comunes y eurodiputado Jaume Asens ha cuestionado, mediante un mensaje en X, el razonamiento del Supremo, conocido este martes, según el cual la filtración del caso que afecta al empresario Alberto González Amador procedería del “fiscal o alguien de su entorno”. Para Asens, esa formulación vulnera las garantías básicas del proceso penal.
“Pero un delito exige un autor, no entornos difusos. Si no saben quién fue, ¿cómo pueden condenar? O lo hizo él o lo hizo otro. Jurídicamente no hay término medio. Esto no es una sentencia: es un auto de fe, de puro estilo inquisitorial”, ha censurado el eurodiputado, que acusa al Supremo de actuar movido por motivaciones políticas.
Compromís denuncia un escándalo y un golpe blando
El diputado de Compromís integrado en el grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ha rechazado también con contundencia la resolución del Supremo, que a su juicio se apoya en la premisa de que “has sido tu o alguien de tu entorno”. “O nos lo inventamos, pero vas ‘pa’lante’. Escándalo. Sin Estado de Derecho”, ha sentenciado en redes sociales, cuestionando la solidez probatoria del fallo.
Después, en declaraciones a los medios en el Congreso, Ibáñez ha reiterado que se trata de un “escándalo democrático” y ha advertido de que la sentencia es “muy grave” porque, en su opinión, dinamita el propio “Estado de Derecho”. Ha defendido que la reacción institucional debe estar a la altura de la gravedad del caso.
El diputado ha señalado además que García Ortiz no solo debe recurrir esta condena ante el Tribunal Constitucional, sino que ha instado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a abrir una “reflexión fuerte” sobre la necesidad de impulsar medidas de democratización en el ámbito de la judicatura. Ha calificado la resolución como un “golpe blando” frente al que, sostiene, “todos los demócratas y antifascistas” tienen que “cerrar filas”.
IU habla de condena sin pruebas y sentencia desestabilizadora
Desde Izquierda Unida, el coordinador federal, Antonio Maíllo, ha manifestado que la difusión de la sentencia sobre García Ortiz “demuestra” que “se le condena sin pruebas y sin ningún tipo de disimulo”. A su juicio, el fallo revela una deriva preocupante en el seno del poder judicial.
“Es un choteo y una vergüenza para la democracia. Se saben impunes y actúan como tales”, ha añadido Maíllo a través de las redes sociales, acusando a los magistrados de actuar con total falta de contención y sin temor a las consecuencias políticas de su decisión.
Por su parte, el portavoz de IU y portavoz de Justicia de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha asegurado en los pasillos de la Cámara Baja que la sentencia tiene una “intención claramente desestabilizadora” y que, además, “no respeta el principio acusatorio ni la mínima imparcialidad judicial”. Considera que el procedimiento se ha orientado desde el inicio a apartar al fiscal general.
“Pone manifiesto lo que sabíamos desde el principio, que esto ha sido un procedimiento organizado exprofeso para simplemente acabar con el fiscal general del Estado (…) porque ha intentado investigar a personas como el novio de la señora Ayuso, así de simple”, ha enfatizado Santiago, vinculando el caso a las investigaciones sobre el entorno de la presidenta madrileña.
También en redes sociales ha criticado que la sentencia del Supremo “recuerda más a un auto de fe” y que continía “dañando la credibilidad de la Justicia”. “El partido de las togas desestabiliza con total impunidad”, ha zanjado, alertando de que este tipo de decisiones judiciales pueden erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.
