Sumar ha puesto en duda que los dueños de una sola vivienda destinada al alquiler queden fuera de la suspensión de desahucios, aunque finalmente se inclina por aceptar el pacto cerrado entre el PSOE y el PNV para introducir esta excepción, asumiendo la compleja aritmética parlamentaria necesaria para sacar adelante el decreto del escudo social.
En el socio minoritario del Gobierno genera malestar que los pequeños propietarios queden excluidos de la moratoria antidesahucios. Sin embargo, el portavoz de Vivienda, Alberto Ibáñez, sostiene que no se puede hacer política a base de "líneas rojas", en alusión a Podemos, al que reclama evitar "palabras gruesas" contra ese acuerdo.
Todo ello llega después de que el Ejecutivo decidiera en el Consejo de Ministros dividir el anterior decreto 'ómnibus' en dos normas distintas: una centrada en la revalorización de las pensiones y otra que agrupa el resto de medidas sociales, entre ellas la prohibición de desahuciar a familias vulnerables.
"Presiones" y ajustes en el escudo antidesahucios
El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha valorado de forma positiva ante los medios en el Congreso que finalmente se hayan aprobado dos decretos y que, en el relativo al escudo social, se mantenga la suspensión de lanzamientos.
Además, ha denunciado que el Gobierno sufrió "presiones" en las últimas horas, sin precisar de dónde procedían, para que la prohibición de desahucios se tramitara en un único decreto y de forma aislada, algo "inaceptable" para Sumar porque abría la puerta a que la derecha tumbara la medida.
Urtasun ha celebrado el acuerdo alcanzado esta mañana con el PSOE, tras una negociación intensa, para que la moratoria antidesahucios se integre en el paquete de medidas sociales, subrayando que la derecha ya no tiene "excusas" para oponerse a este decreto en el Congreso.
También ha detallado que se han introducido dos "ajustes" en el "escudo antidesahucios": por un lado, que las personas que sufran un lanzamiento tengan acceso preferente a vivienda social; por otro, la excepción pactada con el PNV para no aplicar la prohibición a los propietarios con una única vivienda en alquiler, que representan una fracción "muy pequeña" del mercado inmobiliario.
En consecuencia, ha defendido que el "grueso de la medida y la protección a estas familias se mantiene" y ha apelado a todos los grupos, incluidos Junts y Podemos, a no fallar a la ciudadanía.
Sumar asume la falta de mayorías claras
En otra comparecencia en el Congreso, el portavoz de Vivienda y diputado de Compromís ha reconocido que la exención a los pequeños caseros le resulta incómoda e incluso reprochable, pero ha pedido entender que existen "negociaciones cruzadas" y que en esta legislatura "confeccionar mayorías es difícil".
Ha reclamado "calma" a Podemos, que cargó contra el pacto entre PSOE y PNV, recordando que toda negociación implica "contraprestaciones". En este caso, ha defendido, se compatibiliza la protección social con la exclusión de los pequeños propietarios de la moratoria, sin introducir ventajas fiscales para los caseros.
Por su parte, el portavoz de Exteriores del grupo plurinacional, Agustín Santos, ha remarcado que el problema de la vivienda no se concentra en los pequeños propietarios, sino en los grandes tenedores.
En esta línea, ha considerado que es "relativamente fácil" garantizar que los apoyos a las familias vulnerables, es decir, la suspensión de desahucios, sean "compatibles" con los derechos de los unipropietarios, destacando además que el PNV ha sido un aliado constante del Gobierno durante la legislatura.
Mientras, el dirigente de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha insistido en que "es absolutamente imprescindible" que el escudo social salga adelante, aunque ha reprochado que resulta incomprensible la insistencia del PSOE en someterlo a votación cada año en lugar de dotarlo de carácter permanente.
Ha criticado también que estas medidas queden sometidas a la "agonía" de su aprobación "en el último momento", dando margen a los partidos de la derecha, a los que ha tildado de "antiespañoles", para "hundir el escudo social" con "cualquier excusa".
Sumar presiona a Junts y PP sobre el voto al escudo social
Fuentes de Sumar se muestran confiadas en lograr los apoyos necesarios para convalidar el decreto de pensiones y el del escudo social, y avanzan que se abrirá una negociación con Junts para intentar sumar su voto favorable. En cuanto a Podemos, no prevén que los 'morados' maniobren para derribar el paquete social, pese a sus críticas al acuerdo entre PSOE y PNV.
Estas fuentes explican también que el despiece del decreto 'ómnibus' se pactó con el PSOE, de modo que el 'escudo social' se mantuviera agrupado, incluyendo las medidas antidesahucios, a pesar de las presiones para separarlas en una norma específica.
Subrayan que su postura fue firme y que rechazaban que el Ejecutivo desligara la moratoria de desahucios del resto del escudo social, lo que habría facilitado a la derecha votar en contra. De este modo, el paquete se someterá de nuevo a votación en bloque para su convalidación en el Congreso.
Según Sumar, este segundo decreto incorpora ayudas por la dana y para los afectados por los incendios del verano, mejoras en la jubilación de los bomberos y la imposibilidad de desahuciar hasta a 60.000 familias vulnerables o cortarles los suministros básicos, tal y como reclamaba la formación.
Para Sumar, el PP "ya no tiene excusas" para apoyar el decreto de pensiones y el resto de grupos, con una alusión velada a Junts, deberán decidir si respaldan estas medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que se mantienen vigentes desde la pandemia.
Compromís reclama margen y permanencia del escudo social
La diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha criticado la estrategia del Gobierno de agrupar numerosas medidas en un decreto 'ómnibus', lo que obliga a los socios a elegir entre "susto o muerte". Por ello, no ve inconveniente en que se haya optado por dividirlo en dos y reclama que el escudo social se convierta de una vez en permanente.
Sobre el acuerdo entre el PSOE y el PNV, Micó considera que existe "margen de negociación" para armonizar los derechos de quienes alquilan una vivienda con la protección de los hogares vulnerables. "No es lo mismo un gran tenedor, que no es lo mismo un fondo buitre que un pequeño propietario que pueda poner en alquiler una única vivienda", ha remachado.