Ampliación | Torres y Planas acompañarán a Montero en el funeral por las víctimas de Adamuz este jueves en Huelva

Montero, Torres y Planas acudirán este jueves en Huelva al funeral por las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, al que también irán los Reyes.

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Los miembros del Gobierno que asistirán a la misa funeral por las 45 víctimas del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), que tendrá lugar este jueves 29 de enero en Huelva, serán la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, junto con los ministros de Política Territorial y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas.

Montero ya había avanzado el día anterior su intención de estar presente, pero ahora fuentes de Moncloa han precisado que tanto Torres como Planas acudirán igualmente al funeral católico, fijado para las 18,00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, localidad de origen de la mayoría de las personas fallecidas.

Planas fue diputado del PSOE por Córdoba en el Congreso de los Diputados durante las dos últimas legislaturas —aunque renunció al acta al ser nombrado ministro—, mientras que Montero es la máxima responsable de los socialistas andaluces y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas previstas para los próximos meses.

Puente comparece en el Senado y no acudirá al funeral

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que está liderando la respuesta institucional a esta crisis, no estará en la ceremonia porque este mismo jueves debe comparecer en el Senado para ofrecer explicaciones sobre este accidente y sobre el ocurrido pocos días después en Gelida (Barcelona), en el que falleció una persona.

La diócesis de Huelva es la encargada de organizar el funeral, al que también asistirán Los Reyes, Felipe VI y Letizia, tal y como confirmó la Casa Real a comienzos de semana.

Paralelamente, el Gobierno y la Junta de Andalucía impulsan un homenaje de Estado de carácter laico, inicialmente programado para el 31 de enero, pero que se pospuso debido a las dificultades de desplazamiento de algunos familiares de las víctimas, según indicaron ambas administraciones.

No obstante, parte de estos familiares manifestaron públicamente su rechazo a participar en dicho acto y dirigieron acusaciones contra el Ejecutivo central por el siniestro del pasado 18 de enero, considerado el más grave registrado en la alta velocidad en España.