Raúl Quílez, que en febrero presentó su dimisión como director general de Innovación de la Generalitat Valenciana y que el día de la dana ejercía como gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), ha evitado este lunes en el Congreso aclarar por qué los vídeos grabados en el Cecopi el 29 de octubre de 2024 por una empresa subcontratada por la SGISE no se remitieron de inmediato al juzgado de Catarroja que instruye la causa por la riada.
Pese a la insistencia de los diputados de la comisión de investigación del Congreso en obtener una explicación concreta sobre este punto, el compareciente se ha limitado en todo momento a remitirse a lo que ya declaró ante la jueza, sin aportar detalles sobre las razones por las que esas imágenes tardaron casi un año en llegar al órgano judicial. “Me remito a lo que declaré en el juzgado de Catarroja y poco más que añadir en ese sentido”, ha señalado de forma genérica.
Quílez abandonó el cargo para el que había sido designado por el nuevo gobierno de Juanfran Pérez Llorca una semana después de declarar como testigo ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. En aquella comparecencia, a la que ha vuelto a aludir ahora, admitió que tuvo acceso a los vídeos de la reunión del Cecopi en los que se veía a Pradas dando instrucciones y asumiendo el mando, y que ese material permaneció oculto durante once meses.
En sede judicial explicó que tuvo conocimiento de la existencia de esos vídeos a raíz de una pregunta parlamentaria y que pudo verlos en marzo de 2025, aunque no se remitieron al juzgado de Catarroja hasta comienzos de octubre, una vez fueron requeridos por la jueza. Ya en el Congreso, y a pregunta del PSOE sobre si llegó a visionar las grabaciones, ha respondido: “Los vería”.
Interrogado por el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, Quílez ha querido dejar claro que no fue cesado, sino que presentó su renuncia voluntariamente, que la tenía decidida “mucho antes” y que su marcha no guardaba “nada que ver” ni con la dana ni con su declaración ante la magistrada.
El cese de su pareja y las dudas sobre presiones
Sánchez Serna ha cuestionado su versión al recordar que ese mismo día se destituyó a la hasta entonces secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, esposa del compareciente. “Usted dirá que no es una represalia, pero a mi me parece una purga”, ha afirmado, sin obtener respuesta por parte de Quílez.
En la misma línea, la diputada de ERC Teresa Jordá le ha preguntado si le pusieron “contra las cuerdas” para forzar su dimisión. El compareciente ha reiterado que tenía sus propios motivos para irse y que lo hizo por ser “coherente” con sus ideas, desvinculando de nuevo su salida de la catástrofe de la dana. “No tiene nada que ver mi dimisión ni con la dana ni con mis declaraciones en el juzgado de Catarroja ni con lo vídeos” del Cecopi, ha insistido.
Durante el turno del diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibañez, este llegó a plantearle si alguien le había ofrecido “dinero por callar”. El excargo de la Generalitat, visiblemente molesto, ha contestado que esa pregunta le resultaba ofensiva porque se considera una persona “entera”.
Su compañero de grupo Nahuel González le ha preguntado después de qué manera le cambió la vida la dana. El compareciente ha admitido que lo hizo “para mal”, pero ha rehusado entrar en detalles alegando que se trata de aspectos personales.
Su presencia en el Cecopi y la gestión de la emergencia
Quílez ha relatado que fue su mujer quien, el 29 de octubre de 2024, cuando ya había concluido su jornada laboral, le comunicó que se había enterado “por redes sociales” de la convocatoria del Cecopi. Pese a ello, no ha cuestionado este sistema de aviso: “El modelo funciona así”, ha señalado con resignación.
Ha añadido que, a las 18.00 horas, recibió una llamada de la directora de la empresa que llevaba la comunicación de la SGISE, en nombre del secretario autonómico de Emergencias, el imputado Emilio Argüeso, para que se incorporara a la reunión, en la que, según ha reiterado, fue “un invitado de piedra”, tal y como ya explicó ante la jueza de Catarroja.
Sin rol operativo y sin información completa
A lo largo de su intervención, Quílez ha negado haber tenido un “papel operativo”, recordando que su responsabilidad era la gerencia de la empresa pública y que no formaba parte de la estructura del Cecopi. “Nunca me dijeron cuál era mi rol allí”, ha llegado a afirmar.
Ha subrayado que “yo no tengo funciones operativas, en la SGISE prestamos el servicio de personal, equipamiento y vehículos que requiere la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta en Emergencias”, y ha reconocido que ese día no recibieron peticiones específicas.
Preguntado por si estaba al tanto de los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología, ha señalado que no integraba “ningún grupo de gestión de las emergencias”. Y sobre si los técnicos presentes en el Cecopi tomaban decisiones operativas, ha asegurado que lo desconoce.
Lo que sí ha rememorado es que escuchó a los asistentes “aportar ideas” de “todo el mundo” sobre el mensaje que debía enviarse para alertar a la población, pero ha rechazado que se produjera un “guirigay” o una “discusión de barra”.
Tal como ya explicó en el juzgado, ha aludido a las “dudas” que expresó la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, también imputada en la causa, sobre la conveniencia de ordenar o no el confinamiento de la población, a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestionó los confinamientos durante la pandemia.
Según su testimonio, durante la reunión “se tomaban las acciones en relación con la información que iba llegando”, aunque no ha precisado si tuvo la sensación de que faltaban datos sobre lo que estaba ocurriendo.
Ha señalado, eso sí, que desde su llegada al Cecopi, sobre las 18.30 horas, se habló “mucho” del embalse de Forata, pero no recuerda que entre las 19.00 y las 20.11 horas, momento en el que se envió el Es Alert, se abordara el riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo. También ha indicado que, desde que él se incorporó, no recuerda que la AEMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar proporcionaran datos concretos sobre la evolución de los cauces en general.
Revisión de los planes de inundación y sistemas de alerta
En este contexto, ha descrito la dana como “una de las mayores castástrofes europeas desde la II Guerra Mundial, por no decir la mayor” y ha reclamado abrir una reflexión “a nivel de todo el Estado, no sólo de la Comunidad Valenciana”, porque, a su entender, los instrumentos técnicos que guiaron la gestión de la riada “son los derivados de la legislación nacional”.
El compareciente ha defendido asimismo la necesidad de revisar los planes de inundación de la Generalitat y ha recordado que cada ayuntamiento “tiene articuladas sus acciones en relación con la gestión de las emergencias”.
A su juicio, es imprescindible desarrollar modelos de previsión “mucho más potentes que permitan a los técnicos recalcular de forma más rápida”, lo que implica mejorar la integración de más radares y pluviómetros y lograr que los sistemas de alerta temprana sean modelos “más agiles y operativos”.