Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía y miembro del PP-A, ha lanzado críticas este lunes contra el Gobierno central. Acusa al Ejecutivo de generar caos y provocar que las comunidades autónomas dirigidas por el PP se vean sobrepasadas en relación al reparto de menores migrantes no acompañados propuesto desde Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En declaraciones a Onda Cero, que fueron recogidas por Europa Press, Sanz comentó en relación con el Real Decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, el cual establece que la capacidad de acogida habitual en España será de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes.
Este decreto facilita el traslado de los menores desde Canarias hasta la península y señala que Andalucía deberá disponer de 2.827 plazas, Cataluña de 2.650 y la Comunidad de Madrid de 2.325, siendo estas las regiones con mayor capacidad de acogida según los cálculos del Gobierno.
Ante la cuestión de si la Junta de Andalucía presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta medida, Sanz afirmó que se explorarán «todas las vías jurídicas, incluida la reclamación en el (Tribunal) Supremo» y criticó lo que consideró una «imposición política» para «salvar una vez más a Pedro Sánchez».
Sanz también reprochó que tanto el País Vasco como Cataluña, por motivos políticos, no recibirán menores migrantes en este reparto, a diferencia de Andalucía, a la que se le asigna la mayor carga «sin recursos, sin diálogo, sin haber hablado» con las autoridades regionales previamente.
El consejero ha destacado que el Gobierno pretende que «Andalucía se desborde y provocar el caos en las comunidades autónomas que no gestiona el PSOE», y criticó que esto provoca conflictos entre comunidades mientras beneficia a otras como País Vasco y Cataluña para asegurar su apoyo político a Sánchez.
Finalmente, Sanz enfatizó que Andalucía es una comunidad solidaria que siempre ha acogido a menores migrantes, y demandó «respeto a la comunidad autónoma y dignidad» para los menores, rechazando que sean utilizados como herramientas políticas.