El diputado y expresidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha anunciado este miércoles que iniciará acciones legales contra la persona que “usurpó” su certificado electrónico en el escrito remitido a la Mesa de la Cámara de la Asamblea para comunicar las modificaciones en la portavocía del grupo parlamentario.
En declaraciones a Europa Press, Antelo ha señalado que el uso del certificado digital de un tercero para actuar en su nombre mediante la firma de documentos, la tramitación de gestiones o el acceso a sedes electrónicas “puede encajar en varios delitos” del Código Penal, entre ellos los de usurpación o suplantación de identidad y falsedad documental.
Respecto a este último delito, regulado en el artículo 390 y siguientes, ha recordado que está castigado con penas de prisión de 3 a 6 años, además de multa e inhabilitación.
Las manifestaciones de Antelo llegan después de que el portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, hiciera público que “la práctica unanimidad” de los diputados de la formación consideran “procedente” la expulsión.
Este mismo miércoles, la Mesa de la Cámara ha resuelto no admitir a trámite un escrito registrado por el grupo parlamentario Vox sobre el relevo en la portavocía, al constar firmado con un certificado digital asociado a José Ángel Antelo, pese a que éste no había elaborado el documento ni había otorgado autorización alguna para su uso.
Tras conocer la presentación de dicho escrito por parte de Vox, el propio Antelo registró otro documento en el que informaba de que no ha redactado ningún texto comunicando su cese como portavoz ni ha facultado a nadie para utilizar su certificado electrónico como representante del grupo.
Para adoptar su decisión, la Mesa de la Cámara ha valorado además que el escrito electrónico del grupo Vox carece de validez al no incorporar firma electrónica de quienes supuestamente lo suscriben, ya que las firmas manuscritas no permiten acreditar de forma fehaciente e indubitada la identidad de los firmantes.
Asimismo, la Mesa ha señalado que el documento presentado por Vox no adjunta la documentación necesaria que demuestre que los acuerdos comunicados se han tomado respetando las formalidades exigidas para la adopción de decisiones dentro del grupo parlamentario.