Antonio Maíllo tilda de vergonzosa la inhabilitación del fiscal general, señalándola como un golpe de Estado judicial

Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida, ha expresado su indignación calificando de “vergüenza” la inhabilitación por dos años del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelar secretos en una causa vinculada al fraude fiscal de Alberto Gónzalez Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Maíllo considera que esta sentencia es “una condena preestablecida”.

“Este escándalo de enorme gravedad empieza a rozar ya las nuevas fórmulas de golpe de Estado a través de estos golpes judiciales”, declaró Maíllo en Sevilla, donde presentó su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía para las elecciones de 2026, representando a una coalición de IU, Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Una condena con sentencia premeditada

El líder de IU ha criticado duramente la actuación de los jueces, quienes según él, “han dicho en sus círculos privados que no iban a llegar allí, a ese juicio, para absolverlo”. Maíllo afirma que el veredicto era “un juicio que tenía la sentencia ya dictada”, revelando la comunicación “del acuerdo del tribunal sin exponer las causas de la sentencia”.

Maíllo ha contextualizado este juicio dentro de lo que él describe como “un Estado profundo que está operando, que no va a tener límite a donde quiera llegar”. En respuesta a esto, exige una reacción firme: “hasta aquí hemos llegado y que no estamos dispuestos a asumir resignadamente que ese Estado profundo, esa extrema derecha en alianza, destruya lo que hemos construido”.

“La sentencia del fiscal general va a caer históricamente como la sentencia de la vergüenza sobre el Poder Judicial”, concluyó, añadiendo su preocupación “porque siento que está amenazado una forma de vida que a mucha gente nos ha hecho mejores”. Además, vincula esta situación con su decisión de presentarse en Andalucía, motivado por “la gravedad de esta ola autoritaria que nos puede cambiar la forma de entender el mundo que tenemos hasta ahora”. La resolución sobre García Ortiz refuerza su decisión de postularse en Andalucía, “donde toca y donde creo que puedo ser en estos momentos más útil”.