El ejecutivo aragonés junto con el consistorio de Zaragoza han solicitado al Ministerio de Igualdad explicaciones “detalladas” sobre los problemas detectados en las pulseras destinadas a los maltratadores. Ambas entidades han expresado su preocupación, subrayando que la situación es “muy grave” y han interrogado: “¿Cómo van a reparar el miedo de las mujeres?”.
María Antoñanzas, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, y Marian Orós, consejera municipal de Políticas Sociales, informaron a los medios sobre la seriedad del incidente, calificándolo de “terrible”. Según datos recientes, hasta el 31 de diciembre de 2024, hay 142 dispositivos ‘Cometa’ en uso en Aragón, distribuidos entre Zaragoza, Huesca y Teruel.
Antoñanzas señaló que fue por medio de la memoria de la Fiscalía y de informaciones periodísticas que se enteraron de la “desprotección” de las víctimas. Criticó la falta de transparencia y coordinación en la entrega de información, esencial para proteger a las mujeres afectadas. A lo largo de los años 2024 y 2025, se realizaron múltiples reuniones en Madrid, pero nunca se comunicó la gravedad del problema hasta que se cambió de empresa contratista en 2023 y se migraron los datos.
Por su parte, Marian Orós describió el suceso como un “escándalo” y criticó la falta de un protocolo adecuado durante la migración de datos, lo que podría haber beneficiado a los agresores. Orós enfatizó la necesidad de obtener detalles precisos sobre el número de mujeres afectadas y la duración del fallo. También resaltó la importancia de la coordinación para erradicar esta problemática y mencionó la posibilidad de dimisión de la ministra implicada, dejando la decisión en manos de su partido a nivel nacional.
El sistema ‘Cometa’ incluye dispositivos para el agresor y la víctima, conectados a un centro de control gestionado por Vodafone y Securitas. Este sistema alerta a las autoridades competentes ante cualquier riesgo detectado por aproximación indebida, manipulación o fallo técnico.