Este viernes, el Gobierno de Aragón ha remitido una carta al Secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, insistiendo en su petición previamente manifestada en diversas reuniones y conferencias, para que se provea la información esencial que permita organizar la llegada de 251 menores desde Canarias, información que aún no ha sido proporcionada por el Estado.
«Desde Aragón reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la Ley y con la protección de la infancia y la responsabilidad institucional que ello implica. Por ello, estamos trabajando para preparar la acogida de los 251 menores asignados, con el objetivo de garantizarles una atención adecuada, respetuosa y centrada en sus derechos», destaca el comunicado.
«No estamos dispuestos a hacinar menores ni a prestar una atención que no cumpla con los estándares de calidad que merecen. La dignidad de los niños y adolescentes debe estar en el centro de cualquier política pública, y no puede verse comprometida por decisiones improvisadas o carentes de respaldo técnico».
Sin los datos necesarios del Estado, el Gobierno de Aragón enfrenta dificultades para implementar una planificación «rigurosa, con recursos adecuados y una coordinación efectiva entre Administraciones» que asegure una acogida «digna» y «ajustada a las necesidades» de los menores.
FECHAS Y NÚMERO DE MENORES
Por estas razones, la Administración aragonesa solicita que se brinde información «con precisión» sobre las fechas concretas de llegada y la cantidad de menores que arribarán a Aragón en cada una de estas fechas, junto con un registro detallado de cada menor, sus características personales y posibles necesidades específicas, su lugar de origen y lengua materna.
«La atención y protección a la infancia requiere de una planificación de centros diversos en función de la tipología de atención, personal especializado, recursos físicos y económicos», se explica en el requerimiento de información.
«Sólo con una planificación adecuada es posible atender a los menores con la calidad que se debe prestar desde los servicios de protección a la infancia», se añade.
La carta, firmada por Ángel Val, gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, menciona los recursos legales interpuestos por Aragón ante lo que consideran «un reparto injusto y arbitrario, impuesto por el Gobierno de España conforme a criterios políticos que buscan favorecer los intereses de los partidos independentistas que sostiene a Pedro Sánchez en el Gobierno».
A la espera de una resolución judicial, Aragón enfatiza en la carta su compromiso con la ley y critica las amenazas recientes de acciones legales por parte del Gobierno central, calificándolas de «absolutamente inaceptables e insostenibles dentro del marco de unas relaciones interinstitucionales que deben regirse por el respeto mutuo y la cooperación leal».
El recurso de inconstitucionalidad presentado por Aragón argumenta que el decreto rompe con los principios de igualdad y solidaridad entre las comunidades autónomas y que se ha redactado favoreciendo intereses ajenos a la atención de los menores vulnerables que permanecen en Canarias debido a la crisis migratoria.
La carta finaliza solicitando al Ministerio «una planificación detallada que permita organizar adecuadamente los recursos y dispositivos necesarios» y pide que se defina claramente si la atención a proporcionar se limitará a cubrir solo las necesidades básicas.
«Esperamos que se actúe con coherencia, responsabilidad y respeto hacia las instituciones y, sobre todo, hacia los menores que requieren una atención especializada y digna», concluye la misiva.