Desde septiembre, el Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha solicitado al Ministerio de Infancia y Juventud aclarar los criterios empleados para trasladar expedientes de menores migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla hacia distintas comunidades autónomas. Esta petición fue revisada en la sesión del Consejo de Gobierno el viernes pasado.
En la conferencia de prensa que siguió, Mar Vaquero, vicepresidenta, afirmó que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, está ‘utilizando’ la gestión migratoria para confrontar a las administraciones autonómicas del PP y a Vox, provocando una ‘confrontación’ con dichas comunidades, lo que denota ‘una total falta de sensibilidad’ y el uso de ‘criterios políticos en ese reparto discriminatorio y xenófobo’, lo cual es ‘indefendible y deleznable’.
El Gobierno de Aragón busca ‘llegar a acuerdos’ en otras áreas, como se ha visto en pactos recientes con el Ministerio de Industria sobre automoción o con el Ministerio de Defensa para una inversión significativa en el aeropuerto industrial de Teruel. A pesar de su apertura al diálogo, ‘está claro que Sánchez tiene interés de confrontar’, respondiendo a las exigencias de sus aliados independentistas, lo que ‘nos perjudica a todos’, señaló el Ejecutivo aragonés.
Además, el Ejecutivo aragonés reiteró su oposición al Decreto de reparto de menores migrantes y solicitó nuevamente al Ministerio de Infancia detalles sobre el número de menores asignados a la comunidad. Hasta ahora, Aragón ha acogido a 8 menores de Canarias, 8 de Ceuta y 6 de Melilla.
El requerimiento cita el Real Decreto Ley que actualiza la normativa sobre derechos de extranjeros para definir cómo se debe gestionar la reubicación de menores extranjeros no acompañados en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Según el artículo 35 del RDL, los criterios debían ser fijados por consenso en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En su defecto, se aplicarían los establecidos en el artículo 35.ter de la Ley orgánica. Aragón califica estos criterios de ‘injustos e insolidarios’, argumentando que vulneran las competencias autonómicas en materia de asistencia social y protección a menores.
El Gobierno de Aragón ha presentado recursos tanto en el ámbito contencioso-administrativo como ante el Tribunal Constitucional contra la normativa estatal sobre la reubicación de estos menores.