El Partido Popular ha elaborado un documento marco único, vinculante y de aplicación en toda España para guiar las negociaciones con Vox en las comunidades autónomas.
El texto, compuesto por diez puntos, establece que cualquier acuerdo debe garantizar la aprobación de los cuatro Presupuestos de la legislatura, asegurar la estabilidad institucional y respetar la identidad política del PP, al tiempo que fija un método de seguimiento para verificar el cumplimiento de los pactos.
Un marco único para toda España
El documento tiene como objetivo ofrecer unas bases orientativas y vinculantes para todas las negociaciones autonómicas con Vox.
La dirección nacional del PP ha decidido implicarse directamente en los acuerdos de investidura de María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón, así como en posibles negociaciones futuras en Castilla y León y Andalucía. La cúpula popular subraya que los pactos no podrán contradecir la oferta electoral del partido y deberán aplicarse de manera uniforme en todas las regiones.
Estabilidad y coherencia programática
Según el preámbulo del documento, los acuerdos deben respetar el reparto competencial, tras quejas en algunos gobiernos autonómicos, como el de Aragón, donde Vox había solicitado medidas fuera de su ámbito de responsabilidad, como la limpieza de cauces de ríos.
Además, los pactos deben ajustarse al principio de coherencia programática, de modo que los populares puedan ampliar sus propuestas electorales, pero no contradecirlas. Génova recalca que “un acuerdo no implica acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo”.
Reparto de poder y seguimiento
El PP ha enfatizado que cualquier pacto debe respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas, tanto en los órganos legislativos como ejecutivos.
Asimismo, el documento establece un método de seguimiento para garantizar que Vox cumpla con los compromisos adquiridos, especialmente la aprobación de los cuatro Presupuestos previstos en cada legislatura. Según Génova, esto permitirá mantener la estabilidad institucional y evitar incertidumbres que puedan perjudicar a la ciudadanía.