Guillermo Peláez, portavoz del Gobierno de Asturias y consejero de Hacienda, confirmó el lunes que están en proceso de formar un registro para los sanitarios que objetan realizar abortos, el cual se establecerá mediante un decreto que se aprobará ‘a la mayor brevedad’.
En una conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno, Peláez reveló que, desde 2024, año en que se impuso la obligación de crear dicho registro, el Sespa comenzó a emitir directrices en todas las zonas de salud para su desarrollo.
Peláez solicitó ‘tranquilidad’ al asegurar que ‘el derecho está garantizado’ en un sistema ‘accesible’ que protege también la privacidad.
Estas declaraciones se producen después de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, hiciera un requerimiento formal a los líderes de Asturias, Aragón, Baleares y Madrid, instándoles a establecer y regular ‘con la mayor celeridad posible’ el Registro de Personas Objetoras de conciencia al aborto, otorgándoles un plazo de tres meses para cumplir desde que recibieron esta solicitud.
En Asturias, ‘el derecho al aborto está absolutamente garantizado’, afirmó Peláez. Explicó que desde 2010 existe un protocolo con clínicas concertadas para asegurar la ‘accesibilidad y confidencialidad’ de este servicio hasta las 14 semanas. Posteriormente, los procedimientos se llevan a cabo en hospitales públicos ‘con total garantía’.