QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Con la mirada ya puesta en el nuevo periodo de sesiones, Demócrata estrena una serie sobre en qué punto quedaron los trabajos parlamentarios y qué aguarda en las comisiones a la vuelta del verano. Empezamos con la Comisión de Justicia donde hay varias iniciativas pendientes que no se resolvieron en el Pleno escoba del 22 de julio. Una de esas propuestas es la denominada Ley Bolaños, que el Gobierno se vio obligado a no incluirla en el orden del día por falta de apoyos; pero no la única. Hay otros cinco proyectos de ley estancados en la Comisión de Justicia. ¿En qué estado se encuentran y que horizonte les espera?
‘Ley Bolaños’
El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, comúnmente conocida como Ley Bolaños, es una de las prioridades del ministro. Superó el debate de totalidad en junio y, actualmente, está pendiente de que la Comisión de Justicia elabore el informe de ponencia.
Su propósito es adecuar la Administración de Justicia a la nueva realidad social y garantizar la igualdad de oportunidades y la excelencia en el acceso a la misma. Para ello, plantea una reforma integral de las oposiciones a juez y fiscal que blinde las Becas SERÉ (ayudas a opositores de los principales cuerpos de la Administración de Justicia) y se garantice que la cuantía sea equivalente, al menos, al SMI, con una duración de hasta cuatro años.
Además, se transformaría el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en un centro público de preparación de oposiciones con distintas delegaciones territorial para eliminar la barrera de residencia; se elaboraría un registro público de jueces y magistrados en activo que harían las veces de preparadores; y se modificarían algunos aspectos de las pruebas, sustituyendo la oral por una escrita basada en un caso práctico.
La reforma incluye cambios en el “cuarto turno” para asegurar que cada vez que se convoque el turno libre, se convoque también el concurso oposición, garantizando que se cumpla la ley y que una de cada cuatro plazas se cubra por juristas de reconocida competencia.
Para quienes accedan por el cuarto turno, primero realizarán el ejercicio de redacción de un dictamen y luego se valorarán los méritos profesionales.
También se plantea un sistema de ascenso automático por antigüedad, se regula la composición y elección de los miembros de la Comisión Ética del CGPJ y se prohibiría la financiación privada de las asociaciones profesionales de la judicatura.
Uno de los grupos más reticentes y con los que más se estaba negociando el proyecto de ley es Junts, que entre otras cosas, pide una suerte de CGPJ catalán (Consell de Justicia de Catalunya) y eliminar de la Audiencia Nacional.
El Gobierno apremia para aprobar la ley a la mayor celeridad posible, pero no está en los planes de Junts facilitar tal empresa. Fuentes del grupo parlamentario catalán aquejan que se está faltando a compromisos adquiridos con anterioridad y que hasta que no se concreten, poco tienen que negociar.
En específico, urgen a aplicar la Ley de Amnistía y el reconocimiento del catalán en Europa. “Que hagan lo que tengan que hacer. Que se pongan las pilas. O hay reacción o este Gobierno se cae solo”, remachan.
Menores en entornos digitales
La protección de menores en entornos digitales lleva más de un año siendo una prioridad del Gobierno y, en concreto, del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El anteproyecto pasó por Consejo de Ministros a principios de junio del 2024, fue remitido a las Cortes Generales a finales de marzo del 2025 y está pendiente de celebrarse el debate de totalidad (enmienda de devolución sin texto alternativo de Vox).
El objetivo de la norma es garantizar los derechos de los jóvenes en el ámbito digital, especialmente en lo que respecta al derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen.
Para ello, el departamento de Bolaños propone, entre otras cosas, prohibir a menores de 16 años registrarse en redes sociales y las cajas botín (loot boxes) de videojuegos a los menores de 18.
Se modificaría también el Código Penal para sancionar la vulneración de derechos que puedan producirse en este entorno, como por ejemplo, la difusión de imágenes generadas por Inteligencia Artificial, imponiendo obligaciones a grandes operadores e influencers.
Acciones colectivas
El Proyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios también aguarda su turno. Tiene su génesis en la Directiva europea 2020/1828 y el plan de Bolaños era trasponerla aprovechando la tramitación de la Ley de Eficiencia Judicial. Sin embargo, el Ejecutivo tuvo que retirarla del texto ante la falta de apoyos de sus socios y se vio obligado a impulsar un proyecto de ley propio.
La iniciativa tiene por objeto trasponer la directiva que exige a los Estados miembro articular un procedimiento para permitir acciones colectivas en sus dos modalidades (cesación y resarcimiento), bajo el principio de autonomía procesal.
Cada país tiene capacidad para elegir el sistema a aprobar y el Gobierno de España ha optado por el denominado opt-out, en el que la reclamación representa a todos los consumidores, que tienen opción de desvincularse. De esta forma, una sentencia afectaría a todo consumidor y usuario, salvo que hubieran solicitado expresamente su exclusión.
Los dos sobre procedimiento de edad
A la Ley Bolaños, la protección de menores en entornos digitales y las acciones colectivas hay que sumar dos proyectos de ley complementarios. Se trata del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad; y el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Ambos han superado sus respectivos debates de totalidad y se encuentran en fase de ampliación de enmiendas al articulado. De momento, hasta el tres de septiembre, pero no se prevé desbloquear nada más comenzar el periodo de sesiones.
El primer proyecto regula el nuevo procedimiento de determinación de la edad, que pasa de ser un proceso administrativo a ser proceso judicial de orden civil, puesto que afecta al estado civil de las personas. Y atribuye la competencia, con carácter general, a los Juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de familia o, de no existir especialización, al que por turno de reparto corresponda.
El segundo, de carácter orgánico y complementario al anterior, atribuye la determinación de la edad al Juzgado de Menores cuando la persona se encuentre detenida por su presunta participación en una infracción penal y exista duda razonable sobre su minoría o mayoría de edad.
Información Empresarial
Pendiente también queda el Proyecto de Ley de información empresarial sobre sostenibilidad. Modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.
De prosperar, se reformarían las normas que regulan la verificación, el acceso al Registro Oficial para poder ejercer la actividad, el régimen aplicable a sus profesionales, su supervisión y las particularidades específicas en la verificación de entidades de interés público.
Además, se ampliaría el alcance las obligaciones de información a toda empresa, cotizada o no. Incluso las pymes deberán presentar información, aunque únicamente cuando hayan emitido valores en mercados secundarios. De igual forma, se actualizarían los parámetros para ser considerada gran empresa.
