La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a poner el foco este miércoles en las deficientes condiciones de los vehículos del instituto armado destinados al traslado de personas privadas de libertad. Según sus datos, el 40% de los furgones celulares no dispone de cinturones de seguridad para presos y detenidos, porcentaje que se eleva hasta el 76% en los vehículos de mayor tamaño.
La asociación detalla que “en dichos vehículos, los internos de centros penitenciarios y los detenidos viajan en asientos rudimentarios orientados lateralmente y sin cinturones de seguridad, por lo que en caso de accidente, o incluso ante simples maniobras bruscas o frenazos, corre grave riesgo su integridad física e incluso su vida”, tal y como recoge en un comunicado remitido a los medios.
Desde AUGC recuerdan que una orden ministerial de Interior aprobada en 2015 fijó las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir estos vehículos de conducción de presos, pero más de una década después la sustitución de la flota se encuentra, a su juicio, “eternizándose”.
La organización critica además que durante 2025 el Ministerio del Interior no haya adquirido ningún vehículo de este tipo para la Guardia Civil, mientras que sí se han entregado 32 unidades a la Policía Nacional. Consideran que esta diferencia de trato supone una “discriminiación”, subrayando que la inversión en vehículos nuevos para la Guardia Civil es 35 millones de euros inferior: 60 millones para la Policía Nacional frente a 25 millones para el instituto armado.
Vehículos envejecidos y con exceso de kilómetros
En su análisis, AUGC señala que los vehículos asignados a la Guardia Civil presentan una antigüedad media superior a los 11 años, cifra que se dispara hasta los 17 años en el caso de los autobuses. Añaden que los vehículos que no cuentan con cinturones de seguridad han llegado a recorrer en 2025 “más de un millón de kilómetros”.
El estudio provincial que maneja la asociación refleja que en 30 provincias la media de edad de estos vehículos supera la década. En 17 de ellas, la antigüedad media rebasa los quince años, y en cinco provincias se alcanzan o superan los veinte años de servicio.
AUGC incide en que “queda patente que los vehículos grandes, microbuses y autobuses, son los más viejos y con más kilómetros acumulados, precisamente los que más presos trasladan a lo largo del año. Evidentemente, ese excesivo envejecimiento y kilometraje conllevan un elevado coste económico, porque muchos de los vehículos sufren habitualmente averías”.
Críticas a Interior por falta de respuesta
La asociación profesional denuncia la “dejadez institucional” y la “escasa precucupación” que, a su entender, muestran el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil “por quienes se encargan de las conducciones y por las personas presas y detenidas”.
La AUGC ha elevado esta problemática a distintos organismos: la Secretaría de Estado de Seguridad, el Defensor del Pueblo, los grupos parlamentarios y Amnistía Internacional. Sin embargo, lamentan que, pese a que la mayoría de estos interlocutores “han mostrado interés”, consideran que son “muy escasas y poco relevantes las medidas adoptadas al respecto”.
En este contexto, recuerdan que el Tribunal de Cuentas ha “recomendado abordar un plan de renovación de la flota a medio y largo plazo, que tenga en cuenta un equilibrio entre el número de vehículos en arrendamiento y en propiedad”, al tiempo que ha constatado que la Guardia Civil “malgasta” recursos en reparaciones de vehículos que “deberían ser dados de baja”, según subraya la asociación.