QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La iniciativa para modificar el Reglamento del Congreso, impulsada por el PSOE y sus socios con el fin de establecer sanciones a los periodistas acreditados que interfieran en las tareas parlamentarias y periodísticas, avanzó este martes al desecharse las alternativas presentadas por el PP y Vox. Estos partidos sostienen que las normativas actuales ya confieren facultades a la presidencia del Congreso para asegurar el orden público en sus instalaciones y argumentan que la verdadera intención es silenciar a los medios que critican al gobierno.
Esta propuesta de ley, que surge tras varios incidentes con periodistas de medios digitales que han confrontado a políticos y otros periodistas, busca regular la renovación y la asignación de credenciales y establecer un sistema de penalizaciones para aquellos acreditados que afecten negativamente la actividad parlamentaria o el desempeño de otros comunicadores. El PSOE, junto a Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, busca así atender las demandas de diversos grupos de periodistas que exigen medidas para ‘evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo’, con el objetivo de limitar las acciones de ‘activistas de ultraderecha’ en conferencias de prensa.
UN CONSEJO DE DIPUTADOS Y COLECTIVOS PROFESIONALES
Desde 1982, el Reglamento del Congreso delega en la Mesa la responsabilidad de otorgar acreditaciones. Sin embargo, la nueva reforma pretende regular este proceso y establecer ‘los requisitos que resulten exigibles’. Además, se propone la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria que incluirá a un miembro de cada grupo parlamentario y representantes de colectivos periodísticos, el cual podrá sugerir sanciones, aunque la decisión final recaerá sobre la Mesa.
Los periodistas deberán acatar ‘las reglas de cortesía parlamentaria’ y seguir las directrices de la Mesa. Se prohibirán las grabaciones sin la debida acreditación y los grupos parlamentarios podrán nombrar coordinadores para sus actos informativos. Las infracciones a estas normas podrían resultar en la suspensión o revocación definitiva de las credenciales.
El 20 de mayo, el Pleno del Congreso acordó tramitar la ley por procedimiento de urgencia para intentar su aprobación este verano. En la sesión de este martes, se rechazaron las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Vox, quienes junto a UPN, se opusieron a la tramitación de la reforma. La propuesta alternativa del PP, defendida por Cayetana Álvarez de Toledo, y la de Vox, expuesta por José Maria Figaredo, no lograron suficientes apoyos, sumando solo 166 votos frente a los 174 del bloque del PSOE y sus aliados.
Tras la votación, la reforma continúa su proceso y se espera que los grupos presenten enmiendas parciales este miércoles. Los textos se discutirán inicialmente a puerta cerrada el día 14 y posteriormente en un debate público el 17 en la Comisión de Reglamento, con vistas a una votación final en el ‘Pleno escoba’ previsto para finales de julio.
