La modificación al Reglamento del Congreso, impulsada por el PSOE y sus aliados, continúa avanzando. Esta reforma busca imponer sanciones a los periodistas acreditados que interrumpan las actividades parlamentarias, a quienes señalan como «pseudoperiodistas». Este martes, se ha dado un paso más al desechar las propuestas alternativas del PP y Vox, quienes argumentan que el reglamento actual ya confiere poderes suficientes a la presidencia para mantener el orden y que la reforma pretende censurar a la prensa crítica.
Registrada tras varios incidentes con periodistas de medios digitales, la propuesta legislativa busca actualizar el proceso de acreditación y establecer un sistema de sanciones para aquellos que afecten negativamente la labor del Congreso o de otros medios. Los grupos que la apoyan, incluidos PSOE, Sumar y otros, afirman querer proteger el periodismo profesional de actos de «activistas de ultraderecha» que alteran conferencias de prensa.
UN CONSEJO DE DIPUTADOS Y COLECTIVOS PROFESIONALES
Desde su establecimiento en 1982, el Reglamento del Congreso ha dejado en manos de su Mesa la tarea de otorgar acreditaciones, pero con la nueva reforma se busca regular mejor este procedimiento y establecer «los requisitos que resulten exigibles». Se introduce, además, un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria que, aunque no tendrá la última palabra en sanciones, sí podrá proponer medidas disciplinarias.
La reforma, que fue admitida a trámite el 20 de mayo y se tramita de manera urgente para su posible aprobación este verano, ha enfrentado críticas de PP y Vox. Estos partidos han presentado enmiendas de totalidad, rechazadas en el Pleno del Congreso, y han votado en contra de la tramitación de la reforma, sumando 166 votos frente a los 174 de los grupos a favor.
Tras esta votación, la reforma continúa su proceso, y se espera que los grupos presenten enmiendas parciales. Las discusiones continuarán a puerta cerrada y luego en sesión pública en la Comisión de Reglamento, con un dictamen final previsto para ser debatido en el Pleno a finales de julio.