QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión del Reglamento del Senado ha dado luz verde al informe sobre la reforma promovida por el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta. Esta modificación propone, entre otras medidas, establecer un límite al tiempo de intervención de los ministros, que hasta ahora no estaba definido. Además, se facilitará la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) en casos de obstrucción por parte del Congreso a las proposiciones de ley provenientes de la Cámara Alta.
Tras esta aprobación, la reforma proseguirá su trámite parlamentario y será presentada en el Pleno del Senado para su ratificación final.
La iniciativa del PP, según documentos a los que ha accedido Europa Press, incluye la opción de acudir al Constitucional debido a la “demora” del Congreso en procesar las proposiciones de ley. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, había anunciado previamente desde el Senado esta intención, aunque requiere de una modificación previa del Reglamento.
La reforma también aborda la problemática señalada por el PP durante toda la legislatura, criticando que la mayoría formada por PSOE y Sumar en el Congreso ha bloqueado las proposiciones de ley promovidas por el Senado con mayoría del PP. Ahora, se añade un texto que permite que un grupo parlamentario pueda sugerir al Pleno del Senado el inicio de un conflicto de competencias que podría ser llevado al Tribunal Constitucional si se considera que hay una demora “injustificada” en el Congreso.
En lo referente al tiempo de intervención, los miembros del Gobierno ahora tendrán un límite de 40 minutos en sus exposiciones iniciales y de unos 15 y 10 minutos para sus réplicas, como estipula la nueva propuesta del PP.
Por otro lado, la reforma incluye una cláusula que indica que si el Senado rechaza un proyecto o proposición de ley a petición de un grupo parlamentario y por mayoría absoluta, se considerará como un veto. Además, se introduce el voto telemático para los senadores por designación autonómica que tengan coincidencias de plenos con sus asambleas regionales, una medida que había sido solicitada por el PSOE.
