Baltasar Garzón asumirá la presidencia de la denominada “Comisión de la Verdad”, nombre con el que se conoce a la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, aprobada este miércoles por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Bajo la coordinación de Garzón trabajarán figuras de amplio reconocimiento como Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjón-Cabeza Olmedo, Manuel de la Rocha Rubí, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge Lasierra, Sebastián Martín Martín y Francisco Erice Sebares. A ellos se suma un grupo adicional de diez vocales designados por el Consejo de Memoria Democrática para asegurar el correcto funcionamiento de la comisión.
En total, serán 20 especialistas en derechos humanos, ciencia política, historia y comunicación, tanto del ámbito nacional como internacional, quienes tratarán de realizar “un buen diagnóstico de la España de esa época”, según recoge la nota de prensa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Entre las tareas asignadas al grupo, que desarrollará su labor en coherencia con los “principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, sobresale la redacción de un “informe final” que recoja conclusiones y propuestas para hacer efectivos dichos principios.
Objetivos y líneas de trabajo
La comisión articulará su actividad en varios ejes temáticos que abarcan, entre otros, la violencia letal y las desapariciones, el sistema represivo, la represión económica, las violencias de género, el exilio, la represión cultural y el impacto presente de la dictadura.
Asimismo, se constituirá una subcomisión centrada de forma específica en la investigación de los derechos humanos de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, la institución franquista donde fueron confinadas y torturadas miles de menores de edad, “sin haber cometido ningún delito tipificado”.
Con esta iniciativa, el Gobierno de España “refuerza su compromiso” con las políticas de memoria democrática y con el derecho de la ciudadanía a “conocer la verdad” sobre las violaciones de derechos humanos del pasado reciente. La creación de esta comisión representa, según el Ejecutivo, un “paso decisivo” para consolidar una memoria democrática “basada en el rigor, el reconocimiento y la dignidad de las víctimas”.