Ione Belarra, secretaria general de Podemos y diputada, junto con Martina Velarde, también diputada, han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para expresar su ‘preocupación y rechazo’ ante la edificación de un hotel-rascacielos en el Dique de Levante en Málaga.
Las parlamentarias han instado al Gobierno a denegar la autorización excepcional necesaria para erigir dicho edificio, argumentando que este no cumple con una ‘justificación real basada en el interés general y supone un ‘grave perjuicio’ para la ciudad, afectando su paisaje, identidad urbana, patrimonio y ciudadanía’, de acuerdo con un comunicado de su partido.
En la carta, Belarra y Velarde han señalado que el proyecto actual diverge del originalmente aprobado en el concurso público, habiéndose modificado sustancialmente, lo que incluye un aumento en la altura hasta los 144 metros. ‘Numerosos expertos coinciden en que estos cambios alteran de forma sustancial las condiciones del concurso inicial’, mencionaron, cuestionando la ‘transparencia y legalidad del procedimiento’.
Además, las diputadas han destacado que el rascacielos cambiaría irremediablemente el paisaje de la bahía de Málaga, superando la altura de cualquier otra construcción en la ciudad y del Monte Gibralfaro. Han añadido que ‘rompería por completo la silueta histórica de la ciudad’ y que expertos han advertido que ‘la torre no solo no se integra en el entorno, sino que lo agrede frontalmente’.
Belarra y Velarde han sugerido que, de necesitarse más plazas hoteleras de lujo, se evalúen otras ubicaciones que sean más adecuadas. Proponen que el Dique de Levante se destine a usos públicos y zonas verdes. La carta también refleja un ‘amplio rechazo social’ al proyecto, con más de mil alegaciones presentadas y el apoyo de diversas entidades.
Finalmente, han concluido que el Consejo de Ministros solo debería autorizar el proyecto si este responde claramente al interés general, algo que, según ellas, no se cumple. Por lo tanto, han pedido que no se autorice la excepción necesaria para la construcción del rascacielos y que se reconsidere el uso de este espacio desde un enfoque de sostenibilidad y utilidad pública.