Esta mañana, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha difundido las modificaciones al Reglamento del Congreso, las cuales han sido redactadas en un lenguaje inclusivo y establecen penalizaciones para los periodistas acreditados que interfieran en las actividades parlamentarias o en las labores de los medios.
Los decretos, avalados por Francina Armengol, presidenta del Congreso, reflejan las alteraciones reglamentarias ratificadas en la sesión plenaria del 22 de julio, con la oposición de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Estas reformas fueron promovidas por el PSOE y aliados.
La primera enmienda modifica las normas de la Cámara, eliminando el uso del masculino genérico y agregando referencias específicas a las diputadas, presidentas y candidatas. Aunque se elimina la frase ‘de los diputados’, el nombre oficial del Congreso se mantiene como tal en la Constitución.
‘El lenguaje sexista es una fuente para perpetuar estereotipos y desigualdades de género, por lo que utilizar fórmulas inclusivas en el Reglamento del Congreso refuerza los principios constitucionales ya mencionados del artículo 14 de la Constitución’, argumenta la reforma.
SANCIONES A ‘PSEUDOPERIODISTAS’
La otra modificación establece sanciones contra periodistas que obstaculicen la función parlamentaria y mediática, tras la solicitud de medidas por parte de diversos grupos de periodistas. Los periodistas deberán adherirse a ‘las reglas de cortesía parlamentaria’ y podrían enfrentar suspensión o revocación de credenciales por incumplimientos.
Se establece también un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria que sugerirá sanciones, aunque la decisión final la tomará la Mesa.
Además, se ha introducido un nuevo criterio en el reglamento que amplía los casos para solicitar el voto a distancia, incluyendo situaciones como el cuidado de familiares o su fallecimiento, y equiparando los casos de embarazo o paternidad a las necesidades médicas vinculadas a la reproducción asistida.