La reforma del Código Penal mediante la Ley de Multirreincidencia, que fija penas de entre uno y tres años de cárcel para quien haya sido condenado en firme por más de tres hurtos o delitos menos graves, comenzará a aplicarse desde este viernes, después de su aprobación en el Congreso con el respaldo de PSOE, PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.
La entrada en vigor se produce tras la publicación este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tanto de la nueva Ley como de la modificación del Código Penal, donde se especifica que dichos cambios empezarán a regir al día siguiente de su aparición en el diario oficial, es decir, mañana.
La propuesta, impulsada por la formación encabezada por Carles Puigdemont en el año 2024, fue finalmente aprobada el pasado 26 de marzo con el apoyo de los grupos de la oposición. El texto permaneció meses paralizado hasta que en marzo de 2025 se registraron las enmiendas parciales y, ya a mediados de febrero del año siguiente, se llevó a debate en el Pleno del Congreso antes de someterse a votación.
Entre la presentación de las primeras enmiendas y la primera votación en la Cámara Baja, la reforma volvió a quedar bloqueada por el desacuerdo de varios socios del Gobierno. No obstante, la decisión de Junts de dar por roto el diálogo con el Ejecutivo llevó al PSOE a aceptar su reactivación y, en cuestión de días, la Comisión de Justicia dio luz verde a la modificación legislativa.
Al mismo tiempo, los socios minoritarios del gabinete, Sumar, junto con varios aliados habituales del Gobierno en el Congreso --Bildu, Podemos, BNG y Compromís-- se posicionaron en contra de la reforma, mientras que ERC optó por la abstención en la votación.
Principales cambios introducidos por la reforma
Durante la tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso, el PSOE y Junts ya habían pactado medidas para castigar con hasta tres años de prisión el robo de teléfonos móviles y agravar las penas en determinados supuestos de delitos de estafa.
Posteriormente, tras su paso por el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta, se ratificaron de forma definitiva tanto la enmienda que establece penas de cárcel de seis a 18 meses o multas de uno a dos años para quienes defrauden energía destinada al cultivo de marihuana, como la que fija condenas de entre tres y cinco años de prisión para el denominado “petaqueo”, relacionado con el suministro de combustible a narcolanchas.
Sin embargo, quedó rechazada otra iniciativa del PP que planteaba obligar al Gobierno a incrementar durante dos años las plazas de la Fiscalía de área, provinciales y autonómicas, fijando un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 50.000.
El Ejecutivo podía haber visto peligrar la aprobación de estas dos enmiendas en el Congreso, pero finalmente no se sometieron a votación, ya que Moncloa vetó su tramitación al considerar que implicaban un sobrecoste para las cuentas públicas. El veto fue avalado en la Mesa del Congreso gracias a la mayoría de PSOE y Sumar, que respaldaron que el Gobierno ejerciera su prerrogativa de frenar propuestas que supongan un aumento del gasto o una reducción de los ingresos.
Según los cálculos del Gobierno, la enmienda vinculada a extranjería hubiera exigido crear 400 nuevas plazas de funcionarios en las comisarías de extranjería, con un coste medio de 42.000 euros por puesto, lo que elevaría el gasto en 16,78 millones de euros. En cuanto a la propuesta para ampliar la plantilla de fiscales, el Ejecutivo argumentó su veto señalando que obligaría a convocar 491 plazas adicionales, con un coste extra estimado de 53,79 millones de euros.