QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha defendido la naturaleza socialdemócrata del Gobierno de coalición, lo que justifica su disposición a regular el mercado cuando este falla, como ocurre con el sector de la vivienda.
“Nosotros somos un gobierno socialdemócrata, no tenemos ningún problema en hablar de intervención pública del mercado cuando no funciona. ¿Funciona el mercado de la vivienda? No. Hay mucha gente expulsada del mercado de la vivienda”, explicó el ministro en el pódcast ‘Saldremos mejores’, según recoge Europa Press.
Bolaños ha reconocido que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales en política de vivienda, los resultados aún no son visibles. Sin embargo, ha remarcado que el actual Gobierno progresista representa la única alternativa para el acceso a una vivienda a precios accesibles, contrastando con lo que sería una gestión de ‘ultraliberalismo total’ por parte de la derecha y la ultraderecha.
Falta de vivienda pública
El ministro destacó el incremento del presupuesto de vivienda en ocho veces respecto al de 2018 y un aumento del 63% en la construcción de vivienda pública, subrayando que España tiene una de las menores tasas de vivienda protegida en Europa. “Somos absolutamente conscientes de esta dificultad, absolutamente conscientes. Aprobamos una Ley de Vivienda en el año 2022. ¿Y sabéis lo que pasa? Que las administraciones que son competentes en materia de vivienda son las comunidades autónomas”, continuó Bolaños.
Puso como ejemplo la situación en la Comunidad de Madrid, descrita como el ‘far west’ por su “liberalismo extremo, injusto e insolidario”, que ha provocado incrementos excesivos en los precios de los alquileres; mientras que en Cataluña, donde se ha aplicado la Ley de Vivienda, los alquileres han bajado un 9% en un año.
“Límites constitucionales” para ilegalizar la ‘desokupación’
Por otro lado, Bolaños señaló que ilegalizar las empresas de desokupación es complicado debido a “límites constitucionales”, aunque es posible actuar contra ellas si recurren a “métodos violentos”.
En relación con una propuesta de Podemos, el ministro aclaró que “no hay que cambiar ninguna ley” para actuar contra estas empresas, ya que usar métodos intimidatorios ya es delito y, por tanto, perseguible. “Eso ya es delito y, por tanto, se tiene que perseguir por el Ministerio Fiscal y las personas afectadas lo denunciarán, porque cuando se traspasan determinadas líneas no hay nada que modificar en el ordenamiento porque ya es delito, ya es perseguible”, insistió.
Finalmente, describió a los miembros de estas empresas como “gente extremadamente violenta” y probablemente de ideología extremista, aunque señaló que “ellos no se anuncian diciendo que son unos matones, unos escuadristas, o fascistas, eso no lo van a hacer. Ellos dirán que ofrecen unos servicios profesionales y, cuando se pasen de la raya, es cuando hay que perseguirles con la ley en la mano”, concluyó.
