Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha manifestado su satisfacción por los comentarios del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la Ley de Amnistía para los implicados en el proceso separatista catalán, aunque ha insistido en que el retorno de Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña y líder de Junts, “no depende del Gobierno”.
Desde los corredores del Congreso, y en respuesta a preguntas sobre si el dictamen del Abogado General podría acercar a Puigdemont a España o facilitar el diálogo con Junts tras la ruptura de este último con el ejecutivo, lo que ha complicado la situación parlamentaria para Pedro Sánchez, Bolaños ha expresado su posición.
LO DEL ABOGADO GENERAL, “UN PASO IMPORTANTE”
El ministro ha subrayado que, aunque la decisión final no recae en el Gobierno, la opinión del Abogado General, que considera que la Ley de Amnistía no contraviene los principios financieros de la UE ni la lucha antiterrorista, es “un paso importante” para la “validación definitiva” de dicha ley.
Bolaños ha recordado que el Tribunal Constitucional ya ratificó la constitucionalidad de esta ley y ha destacado que, según el Abogado General del TJUE, también se ajusta a la normativa europea. No obstante, ha pedido aguardar la sentencia definitiva del tribunal, cuyas opiniones del abogado general “no son vinculantes”.
El objetivo de la Ley de Amnistía, según Bolaños, era asegurar la coexistencia pacífica en Cataluña y superar la crisis más significativa desde el punto de vista constitucional y social en España. “Los objetivos de esta Ley ya están cumplidos, porque la normalización política, social e institucional en Cataluña es un hecho y ése es el éxito”, afirmó el ministro.
En cuanto al PP, Bolaños ha criticado su postura, que considera distante de las conclusiones del Abogado General, y ha sugerido que “lean antes de opinar y que piensen antes de hablar” para evitar errores como los recientes. Finalmente, respecto a Junts, Bolaños ha reiterado el compromiso del Gobierno de continuar el diálogo y la negociación con este grupo y otros para promover sus iniciativas legislativas, destacando que el diálogo y la negociación son pilares del Gobierno desde 2018, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.











