El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avanzado este miércoles que el Ejecutivo remitirá "pronto" a las Cortes el proyecto de Ley de Integridad Pública, una norma que incorpora nuevas herramientas contra la corrupción y se enmarca en el plan estatal de lucha contra este fenómeno que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado mes de julio.
Durante su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso, Bolaños ha insistido en la necesidad de desplegar "todos los medios" para frenar y evitar que se repitan conductas que "asquean" y "avergüenzan" al Gobierno.
"Ya hemos trabajado y vamos a enviar pronto a esta Cámara el proyecto de Ley de Integridad Pública", ha señalado el ministro, sin concretar la fecha en la que el Consejo de Ministros dará luz verde en segunda lectura a este texto, que ya fue analizado por el Gobierno el pasado 17 de febrero.
Bolaños ha subrayado que la futura ley "incluye medidas tan novedosas como el recurso a la inteligencia artificial para la contratación pública", que refuerza "el castigo no solo a los cargos públicos, sino también a los corruptores" y también a la Fiscalía y al Poder Judicial para investigar y juzgar casos de corrupción.
Empresas vetadas y Agencia de Integridad Pública
La Ley de Integridad Pública prevé igualmente la puesta en marcha de una Agencia Independiente de Integridad Pública y la creación de un registro de empresas con prohibición de contratar, además de elevar hasta 20 años la inhabilitación para aquellas compañías condenadas por delitos de corrupción.
En lo relativo a los partidos políticos, se refuerza el control de sus finanzas mediante la exigencia de auditorías externas y la reducción del umbral a partir del cual deben hacerse públicas las donaciones. El texto incorpora, asimismo, cambios en el ámbito penal, como la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años y el fortalecimiento de los mecanismos para la recuperación de activos.
El responsable de Justicia ha resaltado también que "pronto estará en el Boletín Oficial del Estado" la mayor oferta de plazas de la historia para jueces y fiscales en España: 500 para jueces y magistrados y 200 para fiscales.
Desarrollo del Plan de Acción por la Democracia
Bolaños ha reivindicado los avances logrados hasta ahora en este terreno. Ha recordado que en septiembre de 2024 se aprobó el Plan de Acción por la Democracia, con 31 medidas, de las cuales 26 ya se encuentran en fase de ejecución. "Es decir, el 84%, y muchas de ellas, las que faltan, acabarán de concretarse en las próximas semanas", ha apuntado.
En este marco, ha precisado que la Autoridad Independiente de Protección del Informante ha recibido 416 denuncias desde su creación, mantiene 45 procedimientos en tramitación, ha acordado la protección de 25 personas y tramita cinco expedientes sancionadores. Son, en palabras del ministro, "unas cifras bien importantes de un órgano que acaba de empezar a andar".
Además, ha aludido a la reforma de la normativa sobre libertad de expresión mediante la Ley Orgánica del Derecho a la Rectificación, actualmente en tramitación parlamentaria, y ha recordado la creación de dos nuevas Fiscalías de Sala especializadas "para combatir la corrupción, una dedicada a delitos contra la administración pública y otra para delitos económicos".