Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, ha confirmado que Vox y otros grupos parlamentarios pueden emplear las instalaciones del Congreso para realizar jornadas, explicando la autorización concedida a Vox para un próximo evento contra la Ley de Violencia de Género. Sin embargo, ha enfatizado la importancia de que no se ‘contravenga la Constitución’ ni se ‘difundan discursos de odio’.
En una comparecencia ante los medios en el Ministerio de Justicia, Bolaños respondió sobre la aprobación de la Mesa del Congreso que permite a Vox organizar un evento sobre violencia de género el 4 de septiembre. Esta decisión contó con el apoyo de PP y PSOE, mientras que Sumar votó en contra.
‘Los grupos parlamentarios tienen derecho a hacer actos y utilizar las instalaciones del Congreso siempre y cuando no contravengan la Constitución y no generen ni difundan discursos de odio’, declaró Bolaños, atribuyendo a la Mesa la tarea de ‘valorar si este tipo de actos’ de ‘la organización ultra derechista Vox’ podrían ser ‘contrarios a la Constitución’ o promover discursos de odio.
En el evento denominado ‘Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina’, se espera la participación de Jesús Muñoz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda de las Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), quien previamente, en un evento de Vox, comparó el feminismo con el nazismo.
La Mesa del Congreso de la legislatura anterior, con el PSOE como partido mayoritario, ya había permitido a Vox organizar un evento similar en julio de 2022, con la presencia de Muñoz, quien criticó que los terroristas de ETA reciben más derechos que los hombres acusados de violencia de género.
SE PROHIBIÓ PROYECTAR UN DOCUMENTAL CRÍTICO CON EL PSOE
Generalmente, la Mesa aprueba las solicitudes de los grupos para organizar charlas en las dependencias del Congreso. Este fue el caso en mayo pasado cuando se autorizó la proyección de ‘Lo que nos ocultaron’. No obstante, la autorización fue revocada cuando PSOE y Sumar, mayoritarios en la Mesa, descubrieron que el documental abordaba casos de corrupción atribuidos al PSOE.
Vox interpretó esta revocación como ‘una prueba más de la deriva antidemocrática’ que atribuye tanto al Gobierno como al Congreso.