El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado este miércoles en el Congreso que, aunque expresa su “absoluto respeto” por la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, “discrepa” de forma profunda del fallo. En paralelo, varios diputados del PP han calificado la resolución de “demoledor” y sostienen que sitúa al ex fiscal general “en el sitio de los delincuentes”.
Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno de la Cámara Baja, Bolaños ha insistido en su “respeto absoluto” a las instituciones y a la Justicia, subrayando que el Gobierno “acata” la decisión del alto tribunal. Ha recordado además que el Ejecutivo ya había procedido al nombramiento de una nueva fiscal general del Estado antes de conocer el contenido completo de la resolución judicial.
No obstante, el ministro ha señalado que, tras analizar la sentencia, “las dudas que tenía se mantienen” y ha defendido que era posible “una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba”. A su juicio, el fallo deja margen para otra lectura jurídica distinta a la finalmente adoptada por el Supremo.
Bolaños ha remarcado igualmente que comparte varios aspectos recogidos en la resolución. Entre ellos, ha citado que el abogado de Alberto García Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, “reconoció que había cometido dos delitos fiscales”; que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, “mintió abiertamente”; que el ex fiscal general “sacó una nota en la que contaba la verdad y desmentía un bulo”; y que cuenta con “una trayectoria jurídica brillante y dedicación al servicio público”.
Acusaciones del PP y críticas al Gobierno
Frente a la posición de Bolaños, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha replicado que García Ortiz actuó “al dictado del Gobierno” y que ha sido inhabilitado “por delincuente”. Ha responsabilizado al ministro de haberle respaldado “hasta el final” y de haber protagonizado, por ello, un “ridículo histórico”.
Tellado ha añadido que el ex fiscal general “quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación”, que actuó “al dictado del Gobierno”, que “destruyó su teléfono móvil” y “borró su correo electrónico para evitar la acción de la justicia”. Con estos argumentos, ha tratado de vincular directamente la conducta de García Ortiz con la actuación del Ejecutivo.
Acto seguido, el dirigente popular ha acusado a Bolaños de no detectar irregularidades en asuntos que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez, como “los negocios en la Moncloa” de su esposa, Begoña Gómez; las actividades del hermano del presidente, David Sánchez, “escondido en el Palacio”; o la situación de los dos ex secretarios de Organización del PSOE, a los que se atribuyen graves delitos de corrupción. A partir de estos casos, ha sentenciado que el Gobierno está “acabado y finiquitado”.
“Reescriben las leyes a medida” y choque por la separación de poderes
En el mismo debate parlamentario, la diputada del PP Cuca Gamarra ha acusado al Ejecutivo de situarse “por encima de los contrapesos”, de “reinterpretar las sentencias” y de “reescribir las leyes a medida”. Según ha denunciado, para el Gobierno el “ejercicio democrático es una Fiscalía general que luego destruye las pruebas, qué curioso, de manera artesanal y coordinada con ustedes”.
Gamarra ha sostenido además que el Ejecutivo central “anula la acción popular” con el fin de que “los casos de corrupción que le rodean y a la familia del presidente se queden en los cajones”. A su entender, el Gobierno “promete independencia judicial mientras maniobra para controlar la Justicia” y aborda la corrupción “como un problema de comunicación y no de delitos”. Ha resumido el año político como “un ejercicio de absoluta regresión democrática”.
En su réplica, Bolaños ha reivindicado que la libertad de expresión es “un derecho sagrado” y ha traído a colación declaraciones realizadas durante el mandato del expresidente del Gobierno José María Aznar y de su ministro del Interior y Justicia Ángel Acebes, en las que sostenían que “la doctrina del Tribunal Supremo lesiona muy gravemente las competencias que la Constitución y la ley atribuyen al Gobierno”.
Defensa de la discrepancia y de la militancia socialista
A partir de ese precedente, el ministro ha recalcado que “por supuesto que desde la libertad de expresión se puede discrepar de la sentencia del Tribunal Supremo y de las resoluciones”. Ha reprochado al PP que solo considere legítima esa discrepancia “si los inspectores de Hacienda persiguen al Partido Popular, si los fiscales persiguen al Partido Popular y si los jueces resuelven cuestiones en contra de los intereses del Partido Popular”.
Para cerrar su intervención, el titular de Presidencia ha reclamado a los populares que muestren respeto también “a los miles, cientos de miles de militantes socialistas honrados y honestos que trabajan cada día para que España sea mejor”, rematando con la frase: “quien pueda respetar, que respete”.