QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha expresado su confianza en presentar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ‘a la vuelta del verano’, mencionando que el avance de esta dependerá de las conversaciones con los grupos parlamentarios.
‘Estamos trabajando con los grupos parlamentarios con la voluntad de aprobar la reforma de la justicia después del verano’, declaró en un evento de ‘El Periódico’ en Casa Seat, Barcelona. Bolaños ha reiterado que esta reforma no busca que el actual Gobierno tome control sobre la justicia y ha confirmado que no será efectiva hasta después del 1 de enero de 2028.
ELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL
El proceso para seleccionar al próximo fiscal general será responsabilidad del Gobierno que resulte electo en 2027. ‘Espero que sea un Gobierno progresista, presidido por Pedro Sánchez, pero serán los españoles quienes decidan. Y en todo caso, quien no será Fiscal General del Estado en 2028 será Álvaro García Ortiz, porque ya cumple su segundo mandato’, afirmó Bolaños.
Además, indicó que la reforma incrementará el número de jueces y fiscales en 2.500 y destacó que los fiscales asumirán la instrucción mientras que los jueces actuarán como jueces de garantías, lo que fortalecerá el sistema judicial.
LEY DE ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL
Ante las protestas por la modificación de la ley de acceso a la carrera judicial, Bolaños ha comentado que aunque siempre surgen dudas con las reformas, en este caso son infundadas: ‘Cuando se entra en el detalle, incluso alguna de las asociaciones convocantes reconoce que la reforma tiene avance’. Además, subrayó que no se registraron huelguistas en las recientes protestas.
MULTIRREINCIDENCIA EN BARCELONA
Bolaños anunció que se mantendrán reforzadas cuatro unidades judiciales en Barcelona para enfrentar la multirreincidencia ‘el tiempo que sea necesario’, y aseguró que ya se observan resultados positivos.
LEY DE AMNISTÍA
Respecto a la ley de amnistía, Bolaños destacó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que esta no afecta los intereses financieros de la UE y defendió su necesidad y beneficios, especialmente en el contexto de Cataluña.
