El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado a Junts que reconsidere su posición y apoye este jueves en el Congreso de los Diputados el real decreto-ley que prolonga el llamado escudo social: “Se me hace incomprensible que mantengan esa posición en el tiempo y yo desearía que recapacitaran”.
Ha realizado estas declaraciones este martes en un acto de los Comuns centrado en la protección de la infancia, en el que ha compartido mesa con la presidenta del grupo en el Parlament, Jéssica Albiach, y con la coordinadora de la formación y líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa.
Bustinduy ha señalado que Junts ha convertido en bandera su oposición a esta moratoria y ha advertido de que su convalidación impediría la “situación trágica” de dejar sin cobertura a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ha acusado al partido de “ensañarse” con estas personas al anunciar su abstención.
“No solo les quieren dejar desprotegidos y en la calle, sino que además les someten a una campaña pública de satanización, como si fueran los responsables. Los responsables del problema de la vivienda son las familias que no pueden pagar el alquiler. Si no pueden pagar el alquiler es porque no pueden, no porque no quieren”, ha defendido.
El decreto-ley incluye, entre otras medidas, la extensión de la protección para que las familias vulnerables no se queden en la calle sin alternativa habitacional, el mantenimiento de los suministros básicos de agua y luz para estos hogares, entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos, así como exenciones fiscales para damnificados por catástrofes recientes, como incendios o los afectados por la dana de 2021.
Críticas a PP y Vox
El titular de Derechos Sociales ha arremetido también contra la postura del PP y Vox en este ámbito, acusándoles de ver supuestos reemplazos demográficos “por todas partes menos en los barrios obreros”, donde, ha denunciado, “se está reemplazando a las familias trabajadoras que viven ahí por los fondos de inversión y turistas”.
Asimismo, ha ironizado sobre las viviendas de protección oficial (VPO) que presuntamente se habrían adjudicado de forma irregular a dirigentes del PP en Alicante: “Su propuesta para las familias más vulnerables del país es echarlas a la calle, sin alternativa habitacional, porque les llaman okupas. Okupas ellos, de las viviendas de protección oficial. Que las devuelvan, lo primero”, ha reclamado.
Prestación universal por crianza
Bustinduy ha reivindicado la prestación universal por crianza de 200 euros mensuales que su ministerio quiere poner en marcha, una medida que considera “viable, eficaz, eficiente y positiva” y que, a su juicio, solo necesita voluntad política para ser aprobada.
Ha subrayado que hará falta una labor intensa de pedagogía para explicar que se trata de prestaciones universales, cuyo objetivo es “generar un sistema de derechos” igual para toda la ciudadanía, con independencia de su nivel de renta.
“¿Entonces la familia de Amancio Ortega va a recibir una prestación universal por cada hijo? Sí. Como todos los demás. La diferencia es que esa familia va a financiar por la vía impositiva su prestación y la de todos los demás”, ha ejemplificado.
Jéssica Albiach
Albiach se ha referido igualmente a esta ayuda, y ha señalado que, ahora que el Parlament abordará el blindaje de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), es imprescindible reforzarla y complementarla con una prestación por hijo a cargo.
Ha apelado a las fuerzas progresistas, pero también a otros grupos —ha insistido en que debería ser una cuestión “absolutamente transversal”— para que respalden la medida: “Está claro que sólo desde Catalunya no podemos solucionarlo, pero sin Catalunya tampoco”.
Gemma Tarafa
Tarafa, por su parte, ha defendido que este tipo de políticas sociales deben ser “mucho más fácil” de aplicar por parte de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, y ha remarcado que desde el ámbito municipal se pueden concretar muchas de ellas. Ha sostenido que intervenir en el mercado de la vivienda es clave y constituye una política social de primer nivel.
“A menudo tenemos la discusión con el señor Collboni de que cuando uno hace políticas sociales las hace para acompañar a un grupo vulnerable. Hacer políticas estructurales también es hacer políticas sociales: Intervenir en el mercado de la vivienda para que la vivienda tenga un precio topado es hacer políticas sociales”, ha concluido.