Apenas han transcurrido tres días de la caída del último decreto-ley ónmibus del Gobierno en el que se incluían la revalorización de las pensiones, la prórroga del SMI, el bono social eléctrico, la moratoria por los desahucios, la prohibición de los cortes de luz, agua y gas, o las deducciones por la compra de un coche eléctrico, y las consultoras avisan del agujero fiscal que puede suponer para un tipo de contribuyentes. Dicho de otro modo, con este parón legislativo se elimina una exención clave que estaba diseñada para liberar a los parados de presentar la declaración del IRPF en 2026.
En efecto -señala a Demócrata la consultora fiscal TaxDown-, este es el caso que afecta a los parados, porque como consecuencia de la caída del decreto-ley ómnibus, a partir de ahora -afirma- "tendrán que declarar la Renta de 2026, aunque no cumplan los ingresos mínimos". Al menos, así se estableció tras una modificación del artículo 299 de la Ley General de la Seguridad Social que incluyó un nuevo epígrafe. Esta modificación se llevó a cabo en el Real Decreto-ley 2/2024".
Problemas para las familias con hijos
TaxDown puntualiza que el último Real Decreto ómnibus detallaba que “la extensión de la obligación de presentar declaración por IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo no solo supone una obligación formal sino que, además, implica que muchos de estos contribuyentes tengan obligación de autoliquidar e ingresar una cuota tributaria a la que no estarían obligados de acuerdo con la normativa estrictamente tributaria”.
Si este decreto fallido no se aprueba -explica TaxDown a nuestro diario-, “los beneficiarios de prestaciones por desempleo se verán obligados a presentar su declaración de la Renta aunque no cumplan los ingresos mínimos (22.000 euros con un único pagador o superiores a los 15.876 euros en el caso de tener dos pagadores”.
Además -explica TaxDown-, "esta medida afecta negativamente a familias con hijos. Y el motivo estriba en que, actualmente, los padres pueden incluir a sus hijos menores de 25 años o discapacitados y, si tienen esta última condición, recibir hasta 1.200 euros anuales de deducción por cada hijo". Sin embargo -señala esta consultora-, "estas ventajas fiscales se pierden cuando los hijos presentan su propia declaración de la renta con ingresos superiores a 1.800 euros".
En este punto, cabe recordar que nuestra normativa fiscal contempla un periodo de revisión por parte de la Agencia Tributaria por el impuesto a la renta de las personas físicas de, al menos, hasta 4 años. Por ello, Hacienda tiene hasta 2029 para avisarnos de los fallos que cometamos en nuestra próxima renta y podría enviarnos una carta pasado el tiempo.
Necesidad de certidumbre para ciudadanos, autónomos y pymes
Pero los parados no son los únicos afectados. Los gestores admnistrativos consultados por Demócrata también advierten de otro tipo de contrariedades. Contratiempo que, "como sucedió el año pasado -apostilla el presidente del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos, Fernando Santiago-, hay que hacer las nóminas sin modificiaciones, de manera que, cuando lo aprueben, será con carácter retroactivo y habrá que recalcular las anteriores nóminas.
“Desde el Consejo General de los Gestores Administrativos -apostillan a nuestro medio- no entramos en valoraciones políticas ni sobre los instrumentos legislativos utilizados. Nuestro foco está en las personas y en las empresas. Pero -afirman-, cuando medidas que afectan directamente a cotizaciones, costes laborales o planificación empresarial quedan en el aire, quienes primero lo sufren son los ciudadanos, los autónomos y las pequeñas empresas, que necesitan seguridad certidumbre para organizar su vida y su actividad". "Esta inseguridad jurídica -indican- genera dudas, retrasos y costes añadidos, y termina mermando la capacidad de vivir y emprender con tranquilidad. De ahí que, esperamos -remata-, que las medidas necesarias se aclaren y se articulen cuanto antes, con estabilidad y seguridad jurídica”.
Cómo ya recordó Demócrata, estas son las medidas derogadas:
Subida de pensiones
- Conforme al IPC. Con carácter general las pensiones de jubilación subían un 2,7% para garantizar que no pierden poder adquisitivo (supondrá 570 euros adicionales para las pensiones medias de jubilación)
- Pensiones mínimas. Subida entre el 7% y el 11,4%, vinculadas a un indicador de suficiencia
- Pensiones no contributivas e ingreso mínimo vital (IMV). Subida un 11,4%, también vinculadas a un indicador de suficiencia
Escudo social
Prórroga durante todo el año 2026 de las medidas que quedan del conocido como ‘escudo social’, un conjunto de medidas de apoyo para los colectivos más vulnerables en materia de vivienda y suministros básicos.
- Suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional. La medida se complementa con las compensaciones para el propietario afectado que ya estaban previstas en la anterior prórroga. Además, el Gobierno impulsó vía reglamento una línea de avales en caso de impago en el alquiler, tal y como exigió Junts.
- Garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para consumidores vulnerables
- Prórroga de los descuentos vigentes en el bono social eléctrico: 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos
Medidas fiscales
- Prórroga de las entregas a cuenta para comunidades autónomas
- Supresión de la obligación de presentar declaración del IRPF para beneficiarios de la prestación por desempleo
- Prórroga para 2026 de los límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF de autónomos y a los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería, pesca e IVA
- Prórroga de incentivos a particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos, instalación de puntos de recarga o acometer obras de eficiencia energética en viviendas y edificios
- Exención del IRPF para indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales de este verano
- Prórroga de ayudas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA
- Prórroga de las exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades para profesionales y empresas afectadas por la DANA
- Prórroga de la autorización excepcional a la Comunidad Valenciana para acometer nuevas operaciones de endeudamiento
Seguridad Social (pensiones aparte)
- Prórroga sin cambios de las bases de cotización y la tabla de cotización de autónomos
- Cotización adicional para que los agentes medioambientales y bomberos forestales puedan anticipar su jubilación
- Personal sanitario. Prórroga un año de la posibilidad de que facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar pensión de jubilación con trabajo.