La Delegación del Gobierno en las Islas Baleares ha derivado a la Fiscalía la investigación de la campaña publicitaria de Vox, desplegada en vallas de varios municipios, para evaluar si podría constituir un delito de odio o alguna otra transgresión legal.
Según un comunicado emitido por la Delegación del Gobierno, se ha sugerido a los consistorios locales que revisen si los mensajes publicitarios de Vox cumplen con la legislación municipal actual, la cual debe ser coherente con el Código Penal y las leyes que protegen los derechos y libertades de los extranjeros en España y el principio de no discriminación.
UOB ENSENYAMENT CARGA CONTRA LA CAMPAÑA
Por su parte, UOB Ensenyament ha expresado su rechazo a la campaña de Vox, argumentando que las vallas publicitarias discriminan y señalan a individuos o grupos por su religión o cultura, y que estas acciones son contrarias a los valores que promueve el sistema educativo.
En un comunicado, han manifestado: «Miles de docentes que luchan cada día para hacer valer los deberes democráticos, así como el respeto y la inclusión en los colegios, tiene que ver ahora como los fascistas se dedican a colgar carteles racistas y discriminatorios por las calles». Además, han instado al Govern a actuar para eliminar los carteles «ofensivos» y a cortar «cualquier vínculo con fuerzas políticas fascistas».