El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que la próxima semana se convocará la conferencia territorial de Memoria Democrática, que en esta ocasión tendrá lugar en Canarias, siguiendo el sistema de rotación por distintas regiones del país, y reunirá a todos los consejeros autonómicos competentes en esta materia.
En este encuentro, según ha explicado el ministro durante su visita a Minas de Riotinto (Huelva), “se pondrá sobre la mesa la subvención del año 2026”. “Y espero que nadie vote en contra de una justicia que es que esos fondos vayan destinados para realizar exhumaciones”, ha enfatizado.
Torres ha precisado que en estas ayudas “habrá una importante partida” que calcula “estará por encima de los 600.000 euros” para Andalucía. En este sentido, ha manifestado su deseo de cerrar nuevos convenios con la Junta, recordando que “en los últimos años hemos tenido series de dificultades para poder realizarlos”, aunque ha recalcado que el Gobierno de España “está en disposición de poner los fondos que sean precisos”.
El ministro ha detallado que “esos convenios establecen un 50%, aparte de los 600.000 euros que aportamos a la comunidad autónoma, para trabajar en las grandes fosas y también en otras circunstancias que no se han podido acometer en los últimos años. Haremos el máximo de los esfuerzos y espero también que la Junta de Andalucía responda al respecto”.
Por otra parte, Torres ha puesto en valor que desde 2019 se han exhumado restos de “unas 4.000 personas” en fosas comunes de Andalucía y que, en el conjunto del país, quedarían los restos de “unas 10.000, susceptibles de ser exhumadas”, dado que aunque “habría unas 20.000, lamentablemente muchas nunca van a poder ser recuperadas” por encontrarse en fosas “imposibles de acceder” situadas “en cimas, en el mar o en pozos inaccesibles”.
El titular de Memoria Democrática se ha desplazado a Minas de Riotinto para participar en un acto de homenaje y entrega de los restos del cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, fusilado por mantenerse fiel a la República y enterrado en una fosa común.
Para concluir, ha reiterado que “la voluntad” de su Ministerio y del Gobierno de España es “que no haya ni una sola persona que pueda ser y no sea finalmente exhumada” por parte de “las administraciones que están compelidas”.