Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y a las Familias en Canarias, ha reconocido este martes una preocupación extrema ante los planes del Gobierno central para resolver la situación de los menores migrantes no acompañados.
Tras una reunión del comité interadministrativo, Rodríguez criticó que el Gobierno opte por resolver las solicitudes de protección internacional de los menores con derecho a ello, y que según el Tribunal Supremo deben integrarse en la red SAPI (Sistema de acogida de protección internacional y temporal), responsabilidad que recae sobre el Estado en sus centros.
Señaló que el Ministerio de Interior ha incrementado notablemente, hasta cinco veces más, las resoluciones emitidas en las últimas dos semanas en comparación con años anteriores.
Esto ha resultado en que muchos menores, que presentaron su solicitud y tenían derecho según el Tribunal Supremo a una plaza de protección internacional, hayan sido excluidos al ser rechazada su solicitud.
Además, Rodríguez mencionó al Ministerio de Inclusión, indicando que limita la capacidad de Canarias de avanzar más allá de mantener la colaboración en todo lo requerido. Reveló que se ha propuesto que el archipiélago reciba apoyo económico y humano, así como que se busquen alternativas de alojamiento en las islas para los menores con protección internacional para que no se trasladen a la península, propuesta que fue completamente rechazada.
Subrayó que esta situación va en contra de las directrices del auto del Supremo, que exige, especialmente al Estado, eliminar el hacinamiento en los centros de menores de Canarias y reducir la presión en las islas.
Ante el anuncio de que el 22 de julio se aprobará la declaración de emergencia, con 1.200 plazas de protección internacional previstas para los menores en las islas, Canarias ha exigido precisión sobre cuándo y dónde estarán disponibles estas plazas.
En la reunión se discutió también sobre las 400 plazas de Pozuelo, solicitando claridad sobre cuándo serán trasladados los menores que ya han comunicado que están listos para avanzar en su proyecto migratorio hacia Madrid.
Finalmente, Rodríguez expresó su decepción con la reunión, destacando la falta de progreso significativo, especialmente considerando que pronto se cumplirán cuatro meses desde el primer auto del Supremo, que requería que en diez días los menores pudieran integrarse a la red de protección internacional. Además, reveló que 946 menores están administrativamente en la red, pero ninguno ha accedido a las plazas de protección internacional. Lamentó también que al cuestionar al Estado sobre si se está brindando la protección necesaria a estos menores en los centros de acogida de Canarias, se enfrentaron al silencio, pero enfatizó que la respuesta la ofrece Canarias y es que no tienen protección internacional hasta que no accedan a una plaza del sistema.