Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, ha declarado que la Junta de Castilla y León se adherirá a los ‘previstos en la ley’ al otorgar permisos para proyectos mineros en áreas recientemente devastadas por incendios, conforme a la normativa nacional.
En respuesta a José Antonio Palomo, procurador de Vox, quien interrogó sobre los criterios a seguir ante la inquietud popular por los incendios recurrentes y las subsecuentes facilidades para proyectos en zonas quemadas, Fernández Carriedo explicó que se regirán por la Ley de Minas de 1973, el Real Decreto 2857 de 1978 y la ley 7/2001 de Cambio Climático y Transición Energética, recientemente aprobada, para la aprobación de estas autorizaciones.
Estas normas son de alcance nacional y, según la Constitución, el Estado tiene competencia ‘exclusiva’ en minería y energía. Aseguró que el proceso para estos terrenos incendiados no cambia y se requieren evaluaciones de impacto ambiental y otras autorizaciones de entidades como las confederaciones hidrográficas.
‘El procedimiento es el mismo, es la normativa nacional que uno establece y lo que hacemos nosotros es ejecutar simplemente una normativa de ámbito nacional que es del año 73’, concluyó.
PREOCUPACIÓN EN LOS PUEBLOS
Al abordar las preocupaciones de los habitantes, Fernández Carriedo reiteró la respuesta a Palomo Martín, quien señaló que los incendios parecen allanar el camino para futuros proyectos que antes parecían inviables. ‘Y claro, la gente habla. Habla en los bares, en las plazas, en los barrios. La gente se pregunta si será casualidad que después de un gran incendio aparezcan proyectos que antes parecían imposibles’, agregó Palomo, subrayando que no buscan ‘insinuar más de lo que corresponde’, pero tampoco ignorar las preocupaciones locales.
Vox, según Palomo, no aceptará que ‘la desgracia de un incendio se convierta en la antesala de otro tipo de negocios extractivos’. También criticó que se haya criminalizado al sector minero y cuestionó si ahora se facilitarán permisos ‘solo porque hay intereses distintos de por medio’, lo que consideraría ‘inaceptable’.